- Las autoridades iraquíes comenzaron ayer domingo a investigar las causas que provocaron la explosión de bombonas de oxígeno y el posterior incendio en un hospital dedicado a pacientes de covid-19 de Bagdad en el que murieron 82 personas y otras 110 resultaron heridas en la noche del sábado al domingo.
El primer ministro iraquí, Mustafa al Kazemi, ha pedido resultados sobre esta indagación y ha hablado de una negligencia “criminal”, mientras que el presidente del país, Barham Saleh, ha atribuido en un tuit el siniestro a la “destrucción acumulada de las instituciones estatales por la corrupción y la mala gestión”.
Un portavoz del Ministerio de Interior aseguró al dar el balance de víctimas que estas sufrieron quemaduras o tuvieron que saltar desde una altura considerable para huir de las llamas y advirtió de que el número de fallecidos podría aumentar debido a la gravedad de algunos de los lesionados.
En una grabación de una cámara de seguridad del hospital afectado, el Al Jatib, en el sureste de Bagdad, difundida por la prensa iraquí se ve a un grupo de personas charlando en el pasillo frente a la sala donde tuvo lugar la explosión justo antes de que se produjera, alrededor de las 22.20 horas del sábado hora local (19.20 GMT).
De acuerdo a la difusión, algunos de las personas presentes en el interior del hospital huyeron despavoridos tras la fuerte expulsión, mientras que otros intentan salvar a pacientes para sacarlos al exterior antes de que el pasillo se llenase de un espeso humo.
El Ministerio de Interior ha descartado en un principio que el suceso haya sido fruto de una acción intencionada y las primeras hipótesis sobre la causa de la tragedia apuntan a un cortocircuito como detonante de la explosión.
Si bien Kazemi aseguró a través de un comunicado que “la negligencia en estos asuntos no es un mero error, sino un crimen cuya responsabilidad deben asumir todos los negligentes”. “Que nadie me diga que fue por un fallo eléctrico, es una vergüenza”, añadió el primer ministro.
De momento, han sido destituidos el director del hospital Al Jatib y el jefe de mantenimiento, mientras que un tribunal de Rusafa, la región a la que pertenece el centro sanitario, decretó el arresto del primero mientras duren las investigaciones.
Las responsabilidades han alcanzado también al ámbito político pues el Gobierno decidió suspender de forma temporal y someter a una investigación al ministro de Salud, Hasan al Tamimi, al gobernador de Bagdad, Mohamed Jaber al Ata, y al director general del Departamento de Salud de la región de Rusafa, Abdelghani al Saadi.
La Comisión Iraquí de Derechos Humanos pidió ayer la petición de dimisión del ministro y otros responsables, así como se produjeron manifestaciones espontáneas de familiares de víctimas del hospital Al Jatib.
Los participantes en las protestas, que se disolvieron sin ningún incidente, también clamaron contra los deficientes servicios públicos del país iraquí.
