El Parlamento de Navarra ha cambiado la ley que forzó a la dimisión de Manu Ayerdi cuando era consejero de Desarrollo Económico. Lo ha hecho por iniciativa del PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, que han sacado adelante una reforma parcial de la Ley del Gobierno de Navarra y de su Presidenta para evitar que vuelva a repetirse una situación como la que afectó al consejero de Desarrollo Económico.

Ayerdi se vio obligado a dimitir a finales de enero antes de que el Tribunal Supremo le investigara por el proceso de ayudas públicas a la empresa Davalor Salud, un episodio que evidenció que la redacción de la norma abocaba a problemas de seguridad jurídica y falta de presunción de inocencia.

El caso concreto es el siguiente. Hasta ahora, y por una reforma acometida en 2018 por iniciativa de Podemos, el artículo 68 de la Ley del Gobierno de Navarra obligaba a los cargos públicos y de libre designación a dimitir siempre que tuvieran conocimiento fehaciente de que un tribunal había emitido un auto o les investigaba por delitos relacionados con la corrupción. Eso provocó que, en el caso de Ayerdi, cuya investigación estuvo motivada por una denuncia de UPN, tuviera que dimitir en el momento en el que el tribunal abrió diligencias previas. Es decir, antes de citarlo para declarar y por lo tanto considerarlo investigado. En el momento, el episodio generó cierto debate jurídico en torno a si la ley estaba provocando indefensión, como si de alguna manera se estuviera condenando a alguien antes si quiera de empezar una investigación judicial.

Y, por esa razón, los grupos proponentes cambiaron este jueves la ley con el voto en contra de Navarra Suma. Lo que han hecho PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E ha sido algo tan sencillo como modificar la redacción del artículo 68 de tal manera que un cargo público o de libre disignación involucrado en casos de corrupción tiene que dimitir en el momento de la apertura de juicio oral, y no antes.

Es la fórmula consensuada para evitar que la derecha siga haciendo “un uso torticero” de la ley, como denunció la encargada de defender la reforma, la socialista Inma Jurío. El resto de grupos, de Geroa Bai a I-E, consideró que lo que ha intentado la derecha ha sido judicializar la política, y de alguna manera parar en los tribunales lo que no ha podido en las urnas.

Juan Luis Sánchez de Muniáin, de Navarra Suma, anunció el voto en contra porque la derecha “no va a participar de la farsa” de una reforma que se hace “solo para salvar a Ayerdi”.