profesor de derecho constitucional de la universidad de sevilla / Joaquín Urias

Joaquín Urias: "El indulto puede incluso dar votos, por mostrar a un presidente dispuesto a buscar soluciones"

Tiene la capacidad de explicar de forma comprensible y a la par incisiva el panorama de la judicatura española, y no se anda con rodeos ante las cuestiones espinosas

07.06.2021 | 00:39
Joaquín Urias: "El indulto puede incluso dar votos, por mostrar a un presidente dispuesto a buscar soluciones"

pamplona – Habla con solidez de los indultos, de la situación del rey emérito o de la libertad de expresión, Joaquín Urias (Sevilla, 1972), profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional sabe dar forma a sus argumentos y poner en el visor ángulos que a menudo se eluden. "Vox es un desafío a la Constitución", apunta, lo que a su juicio tiene una doble deriva preocupante: "Eso está contaminando al Partido Popular, y contaminando muchísimo al Poder Judicial". No lo dice en abstracto: "Me estoy encontrando cada vez más a jueces que tanto en sus opiniones públicas como en sus sentencias, dicen barbaridades de ultraderecha contrarias a la Constitución".

Son tiempos muy complejos, y la tensión social también tiene un traslación al mundo judicial.

–En España tenemos una judicatura muy peculiar y un poder judicial en el que los jueces a menudo se juntan de manera muy corporativa, y eso tiene su lado bueno y malo. Y en efecto, creo que en estos momentos la judicatura española está en el centro del huracán. Seguramente el poder judicial no está pensado para muchas decisiones que le están cayendo encima.

¿Qué papel debe recuperar la política frente a una vigorexia judicial?

–Por ejemplo, en lo relacionado con el desafío soberanista catalán. Ante una situación en la que una mayoría política en Cataluña quería optar por lo que llaman el derecho a decidir y después las leyes de desconexión. Ante esa situación, el Estado central no ha respondido políticamente, sino que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió que lo mejor era acudir a la judicatura, para que fuera un Tribunal el que dijera que eso no se podía hacer. y así se cerraba toda posibilidad de hablar. Ahí se cargó mucho a la judicatura con una serie de decisiones que no eran judiciales. Es decir, el Tribunal Constitucional español ha prohibido, y en este momento está prohibido preventivamente, debatir sobre la independencia en el Parlamento catalán. Incluso una resolución sin efecto ninguno, el mero hecho de hablar, está tan prohibido que si la Mesa del Parlamento admite una moción para discutir sobre la independencia, pueden acabar en la cárcel. Porque además se ha inventado el delito de desobediencia. Son límites que el poder judicial nunca tenía que haber traspasado. El poder judicial no puede decidir de qué se puede hablar en un Parlamento. Un despropósito tan grande es el fruto de esta sobrecarga.

Eso es una involución automática.

–Claro, meter a los jueces en política tiene dos problemas. Uno es que no tienen legitimidad democrática. Y cuando un juez dice que algo está prohibido, ya no hay espacio para la negociación. Cuando los jueces empiezan a decir que esto no se puede hacer y esto tampoco, están cerrando puertas donde antes había una posibilidad de negociar y encontrar soluciones. Ese doble efecto es muy pernicioso para la política.

Con lo que esta tiene de transacción e intento de encuentro.

–A eso me refiero. El caso catalán es muy claro. Cuando un Tribunal dice que convocar una manifestación es un delito de sedición, se convierte en un delito para siempre, y ya nadie se atreve a convocar manifestaciones. Cuando metes a un juez, los jueces entran a lo bestia, y cierran las posibilidades de soluciones alternativas, que es la esencia de la política.

¿Qué otros ejemplos ve de invasión de lo político por lo judicial?

–Hay otras dos grandes líneas. Una tiene que ver con los temas de libertad de expresión y delitos de odio. El problema que tenemos es que en estas cuestiones nuestra legislación es muy deficiente, y entonces se deja que sean los jueces los que decidan, y estos solo pueden decidir conforme a su propia ideología. Cuando te dicen que está prohibido provocar odio, llega el Tribunal Constitucional y dice: si alguien se ríe de la muerte de un torero provoca odio, pero si alguien se ríe de la muerte de un terrorista no provoca odio. Eso son decisiones que no puede tomar un juez; no puede decidir qué ideología es dañina y cuál no. O todas o ninguna.

El CJPJ tiene encima de la mesa un informe que ampara la apología del franquismo. ¿Dónde empieza y dónde acaba la libertad de expresión?

–La única manera de que eso funcione bien es con soluciones totales. O tú dices que ninguna idea jamás delinque, que solo delinque la incitación a cometer delitos, o determinas en la ley qué ideas están prohibidas. El problema es que en España hemos dicho que hay ideas prohibidas pero no sabemos cuáles, las tiene que decidir un juez. Yo estoy de acuerdo, y me parece razonable, que se permita defender el franquismo y el nazismo como ideas, pero entonces también tenemos que permitir que se defiendan otras cosas. Lo que no se puede es que unas ideas antidemocráticas de un bando estén permitidas y la del otro estén prohibidas. Lo que llama la atención estos días es que los mismos jueces que castigan a Pablo Hasél o a Valtònyc, en cambio dicen que la Falange sí puede exponer sus ideas. La solución sería establecer, y era lo que defendía el Tribunal Constitucional hasta hace muy poco, que en España no hay ideas prohibidas; ninguna. Ni las del tipo más ultraderechista ni las del más izquierdista. Y que solo esté prohibido el incitar a cometer delitos. Hay ideas odiosas pero que no deben estar prohibidas. Hay que diferenciar entre las ideas y los hechos.

¿Y la justificación de hechos?

–Yo creo sinceramente que eso nunca debió ser delito. La ciudadanía no entiende que decir en público que te parecen muy bien los crímenes de ETA sea un delito, pero que te parecen muy bien los crímenes de Franco no lo sea. Lo que hace falta es una decisión para todos, que nadie pueda ir a la cárcel por sus ideas, pero todo el mundo puede ir a la cárcel si intenta convertir las ideas en hechos.

Hablemos de los indultos que el Gobierno parece dispuesto a sacar adelante. Usted ve en el informe del Supremo una amenaza velada al Ejecutivo.

–El Tribunal Supremo en el tema de Cataluña ha asumido un papel que no le corresponde, el de defender la unidad de España y castigar a estos tipos como sea. Se nos ha olvidado, pero hace dos o tres meses el Supremo dictó un auto muy difícil de comprender en el que quitaba el tercer grado a los presos del procés, y se inventó una cosa que nunca había dicho: que no te pueden dar el tercer grado hasta que no estés un número razonable de años en la cárcel, para que pagues. Eso es contrario a nuestra jurisprudencia y a la ley. Ahora con los indultos está haciendo lo mismo. El escrito por un lado fue un alegato político en el que decía que los independentistas no son demócratas, o que la desobediencia civil no es democrática. Por otro lado, dejaba caer que eventualmente el indulto que se diera podría ser declarado ilegal. Y eso es un disparate. Que el Tribunal Supremo se plantee siquiera la posibilidad de anular un indulto por un tema de fondo, no formal, eso es casi un golpe de Estado. Eso es que el poder judicial ha asumido lo que no tiene que asumir, que es marcar los objetivos políticos del país.

Con este informe, el indulto tendrá que ser obligatoriamente parcial.¿Qué escenario contempla?

–Jurídicamente el Gobierno puede hacer ahora virguerías. Puede negociar con Esquerra y quitar por ejemplo solo la pena de inhabilitación. O al revés, quitar la pena de cárcel, pero no la de inhabilitación. Puede quitarle algún tiempo de cárcel o todo.

De todas esas posibilidades, la clave parece quitar la prisión.

–Claro, pero si el Gobierno hace eso, yo creo que entonces no se va a entender. El Gobierno no lo puede decir, pero como yo lo veo, el indulto responde a que a estos señores no había que meterlos en la cárcel. Lo que hicieron el 1 de octubre fue muy grave, un atentado contra los principios constitucionales, pero no es un delito que merezca que una persona esté 11 años en la cárcel. Si el Gobierno juega a sacarlos de la cárcel sin permitirles que se presenten a las elecciones, yo creo que eso en Cataluña se va a entender muy mal. Me da la impresión de que en este momento o el Gobierno es valiente o si no todo esto no vale para nada. Si te metes en este jaleo de intentar buscar una solución en Cataluña y sacar el tema del mundo judicial, lo que no puedes hacerlo es a medias, porque entonces te quedas sin justificación argumental.

En Catalunya va a haber sectores que lo vean como un arreglo para unos pocos.

–Yo creo que el indulto no se debe hacer pidiendo nada a cambio. Hay un mal planteamiento en los medios españoles y en la opinión pública. El indulto no es una negociación, porque entonces se está aceptando que meterlos en la cárcel estuvo bien.

Sánchez ha dado muchas vueltas en esta cuestión.

–Si Sánchez se mete en el tema es algo muy arriesgado y valiente, y tengo la impresión de que o lo hace con sinceridad y empiezan a buscar soluciones políticas, o no tiene sentido. Y si Sánchez lo hace a cambio de, entonces en el fondo no se cree que no deberían estar en la cárcel. Si yo me creo que un tipo no tiene que estar en la cárcel lo saco, y después me siento a negociar. Y si se hace bien, el indulto, en contra de lo que la gente se cree, puede incluso dar votos, porque puede mostrar que es un presidente dispuesto a buscar soluciones. Pero si lo hace a medias, al final va a tener a todo el mundo descontento y va a ser peor. Si de verdad el indulto es un gesto de Estado, de reconducir todo, creo que no hay que buscar a corto plazo una respuesta en Cataluña. La respuesta va a ser que mucha gente razonable allí va a observar que ha bajado la tensión, y una vez baja ya todo es posible.

Pero el Partido Socialista no va a negociar un referéndum de independencia. Sí tal vez renegociar el Estatut quebrado en 2010.

–Ahí ha habido muchas soluciones sobre la mesa. Y soluciones constitucionales, porque en este terreno como entraron los tribunales, de pronto parece que todo está prohibido y todo es inconstitucional.

¿Por ejemplo?

–El PSOE proponía hace tiempo una reforma constitucional o estatutaria donde España pasase a ser un estado federal que se somete a referéndum. La consulta no tiene que ser necesariamente binaria.

A corto plazo, la competición entre PP y Vox puede arruinar muchas soluciones imaginativas.

–El cortoplacismo está llevando en España a que la Constitución del 78 se esté quedando desfasada y deslegitimada. Esta idea de que la derecha nunca se va a sentar a cambiar nada, puede que cierta, está llevando a que el sistema político constitucional español esté rompiendo las costuras. Algún día habrá que asumir algún tipo de reforma. Quizá una buena forma de empezarlo sea ahora.

¿Y cree que la jefatura del Estado en una operación así va a hacer labor de arbitraje o está muy de parte?

–Yo no sé quién asesora al rey, recuerdo que en la Transición al rey Juan Carlos se le acusaba casi de comunista, porque se empeñaba en gestos con la gente de la izquierda. Creo que el rey actual ha invertido la situación, y es un poco rehén de una derecha que le quiere mucho y él se deja querer. Públicamente está dando muestras de que él es conservador personalmente, pero que además se siente cómodo con la adulación, el cuidado y el cariño de la gente de derecha o de ultraderecha. Y está jugándose la monarquía. El rey demasiadas veces está funcionando haciendo oposición al Gobierno de izquierdas. La esencia de la monarquía está en que haga de balance, y el rey actual no lo hace.

¿Qué escenario augura al emérito?

–El rey emérito está jugando un papel importantísimo, aunque no seamos conscientes. Socialmente tiene un papel, ser el pararrayos del rey Felipe.

Algo tremendo, como familia.

–Desde la Zarzuela y Moncloa nos están vendiendo continuamente que aquí el corrupto solamente es el padre, que el que ha tenido excesos es solamente el padre, que el hijo lo ha hecho todo bien, aunque hay por ahí sombras y de vez en cuando salen cosas, pero la versión oficial es que el rey Juan Carlos es un corrupto, pero que Felipe no es así. Para mantener ese cortafuegos, hay que mantener la presión sobre el rey Juan Carlos. En este momento creo que a la corona no le viene mal que el rey Juan Carlos sea el enemigo público número uno.

Pero sin carbonizarse del todo.

–Las salidas ahora son varias. Hay una en la que todo el mundo está pensando y que nadie dice en voz alta; que con el paso del tiempo algún día morirá. El día que fallezca el rey Juan Carlos, un problema que desaparece. Es duro decirlo, pero yo creo que más de uno está esperando que se muera y no tener que tomar una decisión. Eso explica que muchas cosas se estén dejando pasar, que pase el tiempo, porque saben que hay una solución natural. Si esta no llega, en algún momento la Fiscalía y el Tribunal supremo tendrán que decidir. Hasta ahora lo que han demostrado es que no están tratando a Juan Carlos como a cualquier otro sospechoso o a cualquier persona del que tengamos indicios. La Justicia no está actuando con toda la fuerza con la que actúa contra el resto de las personas. Si la decisión fuera no acusar o no condenar, yo creo que eso en España produciría un rechazo contra la monarquía espectacular, porque esa diferencia de trato llevaría a la gente a volverse contra la institución monárquica. Al sistema en este momento no le interesa no imputar al rey, pero claro, imputarlo también es un problema. Yo nunca he creído que vayamos a verle sentado en un banquillo de los acusados.

Juezas y Jueces para la Democracia para la Democracia ha pedido la dimisión de los miembros del CGPJ.

–La inmensa mayoría de los jueces españoles tiene Twitter. Cualquiera que lea sus cuentas se va a llevar una sorpresa. Casualmente una gran mayoría de jueces, que además se identifican claramente con posiciones de derechas, están en contra de que se renueve el Poder Judicial porque no quieren que entre gente de izquierdas. La mayoría de los jueces están contentos con un consejo caducado pero controlado por el PP. Lo sorprendente es que a esa mayoría de los jueces no le importa saltarse la Constitución con tal de que el PP siga controlando los nombramientos judiciales. Claro, el Partido Popular se siente súper protegido, y se niega a la renovación. Y no la va a haber.

"Que el Supremo se plantee siquiera la posibilidad de anular un indulto por un tema de fondo es casi un golpe de Estado"

"El poder judicial ha asumido lo que no tiene que asumir, que es marcar los objetivos políticos del país"

"Lo que se hizo el 1-O es muy grave, pero no es un delito que merezca que una persona esté 11 años en la cárcel"

"El rey está dando muestras de que es conservador, pero que además se siente cómodo con la adulación de la gente de derecha o ultraderecha"

"Es duro decirlo, pero yo creo que más de uno está esperando que el rey Juan Carlos se muera y no tener que tomar una decisión"

"El rey emérito está jugando un papel importantísimo, aunque no seamos conscientes: ser el pararrayos del rey Felipe"

"A la mayoría de los jueces no le importa saltarse la Constitución con tal de que el PP siga controlando los nombramientos judiciales"

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