El Gobierno del Reino Unido tiene aún pendiente de procesar más de 300.000 solicitudes de comunitarios que quieren quedarse en el Reino Unido tras el brexit, antes de que hoy acabe el plazo para presentar esas peticiones, confirmó a Efe una portavoz del Ministerio del Interior. Según los últimos datos, a 31 de mayo el Ejecutivo había recibido 5.605.800 solicitudes para obtener el estatus de asentado (cuando se llevan al menos cinco años en el país) o preasentado (si se entró antes del 31 de diciembre de 2020), de las que procesó 5.271.300.

Al final del mes pasado quedaban pendientes de tramitar 334.500 solicitudes, una cifra que, a día de hoy, continúa dentro de esos parámetros, dijo la portavoz de Interior. De las peticiones concluidas un 52% de solicitantes recibió el estatus de asentado y el 43% el de preasentado. En el segundo caso, tendrán que acordarse de pedir la condición de “asentado” al cumplir cinco años de residencia o de lo contrario verán mermados sus derechos. A 31 de marzo, 320.850 españoles habían hecho su solicitud, de las que se habían aprobado 304.310, con lo que quedaban pendientes 16.540 . El Gobierno dice que garantizará los derechos de quienes estén a la espera de recibir su estatus, que no se refleja en un documento físico, como una tarjeta identificativa, sino que es un registro digital, lo que ha generado a su vez críticas por poco práctico.

El Gobierno conservador envía estos días mensajes a los comunitarios que tiene registrados, que no son todos -la cifra total de residentes se desconoce-, y a los grupos que les representan para recordarles que hoy acaba el plazo para regularizar su estatus migratorio en el Reino Unido. Ante los avisos de estos grupos de que muchas personas sin recursos, en situación de marginación o vulnerables podrían no inscribirse en fecha, con lo que dejarían de estar legalmente en el país, el Ejecutivo ha concedido 28 días más para que quienes tengan una razón válida puedan hacer los trámites con retraso.

Un informe difundido el pasado martes por el centro de estudios Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) revela que, aunque el Gobierno suele procesar las solicitudes en un periodo de cinco días, en los casos complejos el plazo de espera es mucho más largo. El IPPR constata que a principios de mayo había 102.000 solicitudes que estaban pendientes desde hacía tres meses, incluidas las de 23.900 niños; 13.000 desde hacía seis meses (650 niños) y unas 8.000 (285 niños) desde hacía un año.

El instituto alerta de que quienes soliciten la documentación fuera de plazo no tienen garantías de que los derechos de que gozaban queden protegidos mientras esperan a que se resuelva el trámite. Las personas -entre ellas gente enferma, de edad avanzada, discapacitados, niños en centros de acogida o ciudadanos sin hogar- que no reclamen ese estatus de asentado y por tanto estén en situación irregular pueden perder acceso a prestaciones sociales, sanidad, educación, trabajo y vivienda e incluso podrían afrontar la deportación, según el IPPR.

Las asociaciones de defensa de los ciudadanos procedentes de la Unión Europea piden al Gobierno que amplíe la lista de razones consideradas válidas para hacer la solicitud con retraso y que garantice los derechos también a quienes hacen el trámite fuera de plazo. Por su parte, el Ministerio del Interior británico dice que su Programa de Asentamiento es simple para el usuario, como demuestran las más de 5,2 millones de solicitudes ya concluidas.