- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó ayer el nuevo curso político haciendo gala de la "inminente recuperación económica" y del éxito de la campaña de vacunación y la lucha contra la covid-19. Sin embargo, fue escaso el contenido político en la intervención del líder socialista, que desterró de su mensaje todo lo relacionado con el modelo territorial del Estado, el autogobierno de las comunidades o incluso el conflicto catalán y la ya inminente mesa de diálogo entre Moncloa y el Govern, prevista para la tercera semana de este mes.

Así, Sánchez incidió en su línea más centralista y más alejada de las reivindicaciones de las comunidades autónomas, tal y como viene haciendo desde la remodelación de su Ejecutivo el pasado mes de julio, cuando dio entrada en el Consejo de Ministros a perfiles más cercanos al PSOE clásico y quitó peso a los ministros más federalistas. En consecuencia, en el mensaje de ayer volvieron a brillar por su ausencia las referencias a la cogobernanza, al cumplimiento de los estatutos de autonomía o al conflicto político en Catalunya.

Ninguno de estos asuntos estuvo presente en la intervención de inicio de curso del jefe del Ejecutivo, ofrecida en un acto en la Casa de América de Madrid bajo el título Una recuperación justa. Tal y como adelantaba el encabezamiento de la conferencia, el discurso de Pedro Sánchez se centró en los retos económicos de cara a los próximos meses, en el que debería llegar una recuperación del mercado propiciada por el descenso en los contagios y por la llegada de los millonarios fondos europeos Next Generation.

Ante un variopinto público en el que se encontraban tanto presidentes de grandes corporaciones como los principales líderes sindicales y de organizaciones sociales, Sánchez aprovechó para realizar anuncios de trazo grueso, entre los que destacó una futura subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En el plano político, el presidente socialista optó por pasar de puntillas y no quiso hacer alusión ni a Catalunya ni al problema territorial en su conjunto, más allá de una llamada a la unidad de acción de todos los gobiernos autonómicos. Y es que, una vez que Moncloa concedió los indultos a los condenados por el procés el pasado mes de junio, el problema catalán ha pasado a segundo plano en las intervenciones de Sánchez. Esta pérdida de peso se evidenció también en el programa legislativo del Gobierno central para los próximos dos años dado a conocer el pasado martes, en el que no figura la reforma de los delitos de sedición y rebelión, cuestión que previamente Sánchez había anunciado que se abordaría en este mandato.

Sí tuvo hueco el líder del PSOE en su discurso para la renovación de un Consejo General del Poder Judicial que lleva ya más de 1.000 días en funciones. De esta manera, Sánchez volvió a emplazar al PP a que abandone su actitud del bloqueo y le reclamó "lealtad" con la Constitución.

"Ninguna formación política tiene derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales y a situarse fuera de la Constitución, porque eso menoscaba el prestigio de nuestra democracia y nuestra arquitectura constitucional", advirtió a los de Pablo Casado.

Más allá del CGPJ, el presidente del Gobierno se dirigió también expresamente al PP para que acepte negociar otros nombramientos pendientes, como los del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. A su entender, los populares deben asimilar que existe una "lealtad al pacto de convivencia" que hay que respetar. "En un contexto de crisis, es tarea de todos impulsar la regeneración de nuestras instituciones", incidió Sánchez.

Desde Moncloa insisten en que es a Pablo Casado a quien le toca mover ficha en este asunto y volver a la mesa de negociación para cerrar de una vez un acuerdo que ponga fin a los más de dos años y medio de bloqueo judicial. En esa línea, Pedro Sánchez rechaza atender la condición que el PP ha puesto para retomar el diálogo: que el sistema de elección de los vocales del CGPJ se haga en base al voto de los propios magistrados.

Por su parte, el líder popular se ha limitado a criticar el "acto elitista de autobombo" que, a su juicio, protagonizó ayer el presidente del Gobierno y exigió que se celebre en el Congreso el debate sobre el estado de la nación. "Sánchez bloquea tres años el debate del estado de la nación y lo cambia por otro acto elitista de autobombo pagado con nuestros impuestos", indicó Casado.

El PP tiene registrado desde julio una proposición en la Cámara Baja para solicitar un nuevo debate sobre el estado de la nación ya que, Sánchez "lleva 1.185 días de presidente" sin que se celebre este debate.

Según el Ejecutivo español, la única vía asumible para desencallar esta negociación es que el PP se avenga a negociar respetando la ley actual y no insista en modificaciones de calado. "No es aceptable que una institución como el CGPJ lleve 1.000 días sin reformarse. No hay precedentes en la historia democrática", concluyó ayer Sánchez en su intervención.

Sánchez cambia a los portavoces de Congreso y Senado. El diputado canario Héctor Gómez será el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso en sustitución de Adriana Lastra, mientras que la dirigente del PSC Eva Granados ocupará la portavocía socialista en el Senado. Fuentes socialistas confirman los relevos al frente de los grupos parlamentarios de las dos cámaras, una decisión que se hará efectiva en la reunión que mantendrá el próximo lunes la Ejecutiva Federal del PSOE que presidirá Pedro Sánchez.

Un relevo previsto y meditado desde la pasada reforma de las carteras ministeriales. Fuentes socialistas aseguran que Sánchez tenía previsto el cambio de Lastra desde que acometió en julio una amplia renovación en su Gobierno. Su objetivo sería que Lastra, como vicesecretaria general del partido se dedique plenamente al día a día del PSOE ante el inicio de la segunda etapa de la legislatura.