Navarra contará con un Observatorio Permanente de Derechos Humanos. Una entidad pública que tendrá como objetivo “potenciar los mecanismos para la aplicación de los Derechos Humanos en las actuaciones del conjunto institucional, político, social y económico de Navarra”. Su creación es una de las 92 actuaciones recogidas en el primer Plan Estratégico de Convivencia que ha elaborado el Gobierno de Navarra. El documento, todavía en fase de borrador, se encuentra en exposición pública abierto sugerencias y aportaciones antes de su aprobación definitiva y posterior presentación en el Parlamento.
El departamento de Relaciones Ciudadanas avanza así en uno de los objetivos que se había fijado al inicio de la legislatura, y que ha logrado concretar pese al boicot de Navarra Suma, que desde el principio ha rechazado participar alegando que el Gobierno foral quería “imponer un marco de discusión en la medida de sus intereses políticos”. La acusación ha sido rechazada por el Ejecutivo, que insiste en que el documento todavía está abierto a aportaciones. En su redacción han participado 67 organizaciones y unas 300 personas, que pese a la pandemia han presentado propuestas mediante mesas sectoriales, encuentros online, entrevistas o el cumplimiento de fichas técnicas.
Una visión abierta e integral
El plan aborda el reto de la convivencia desde seis ejes principales de actuación: la aplicación de los Derechos Humanos; convivir en la diversidad; los derechos de las víctimas del terrorismo y de la violencia política; la construcción de la memoria crítica e inclusiva; la educación para la convivencia; y las instituciones referentes para la convivencia. Cada uno de ellos cuenta con un objetivo general, unos objetivos específicos y unas acciones concretas. “Los seis ejes constituyen auténticos retos y de su resolución positiva dependerá de una forma importante la futura configuración de nuestra convivencia”, apunta el documento.
El plan aborda así la convivencia desde una perspectiva abierta, integral y transversal. Va más allá de la tradicional tensión ideológica e identitaria, y abarca campos como la diversidad cultural, la diversidad sexual y de género, el pluralismo religioso y laico, o los fenómenos derivados de la inmigración.
“Navarra es una comunidad diversa y plural, en lo personal, en lo cultural, en lo identitario, en lo ideológico, en lo religioso. Algunas de las cuestiones que se derivan de la diversidad y del pluralismo presentes en Navarra sugieren importantes retos y no están exentas de tensiones”, recoge el texto. Apuesta así por “prestar especial importancia” a la aplicación de los Derechos Humanos en relación con las víctimas del terrorismo y de la violencia política; las personas migrantes y refugiadas; las personas afectadas por la desigualdad económica estructural; las mujeres que sufren discriminación y/o violencia; las personas con discapacidad; o la población reclusa.
Para ello, considera necesario que la política, las instituciones y el conjunto social “faciliten un pacto entre diferentes”. “Este acuerdo social y político no es tan solo un pacto de no agresión, sino un pacto de construcción positiva, que debería otorgar un marco estable de respeto y consideración basado en la igualdad de derechos y obligaciones de todas las realidades diversas de nuestra comunidad”, subraya el documento, que aboga por “promover procesos de transición hacia nuevos modelos de convivencia basados en el reconocimiento mutuo y la consideración positiva de la diversidad y la pluralidad”, pero desde “una memoria crítica e inclusiva”.
