- La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) pedirá a la jueza María Servini la prisión del exministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa, procesado por cuatro muertes entre 1976 y 1978.
Esta coordinadora, de la que forma parte Sanfermines 78 gogoan!, va a recabar más testimonios y documentación para solicitar a la magistrada argentina que amplíe el procesamiento de Martín Villa por más crímenes. Así lo anunció este martes en rueda de prensa el abogado argentino de CEAQUA Eduardo Fachal, que destacó que el equipo jurídico de la coordinadora va a trabajar para que sea efectiva la prisión preventiva de Martín Villa en el caso de que el auto de procesamiento sea firme. Según la letrada argentina de CEAQUA, Julieta Bandirali, para ello aún queda un largo periodo que puede alargarse durante el año próximo, pues Martín Villa va a recurrir la decisión de la jueza ante la Cámara de Apelación Argentina.
Para los abogados de esta asociación, el auto de la jueza Servini es un hecho judicial sin precedentes, extraordinario, en relación con la investigación y enjuiciamiento de algunos de los crímenes franquistas, así como un impulso procesal determinante para continuar avanzando en dicha causa, con el horizonte aún lejano de que Martín Villa pudiera ser juzgado en Argentina.
El equipo jurídico cree que la jueza argentina pone en tela de juicio al Estado español, dejando claro que tal como establecen los tratados internacionales en los crímenes de lesa humanidad, no caben ni leyes de amnistía ni prescripción.
El miembro del equipo jurídico de la coordinadora en España, Jacinto Lara, subrayó en la rueda de prensa que la jueza interpela en su auto a los tres poderes del Estado español para que colaboren con la investigación, “lo que no han hecho hasta el momento”. Por ello, este abogado reclama que ni los jueces ni los fiscales españoles ni el Gobierno sigan poniendo trabas a las comisiones rogatorias que va a cursar la jueza argentina.
CEAQUA recuerda en un comunicado que Martín Villa ha sido procesado por “tres asesinados por las fuerzas del orden público” en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria” y otro durante los Sanfermines de 1978. La magistrada decretó su prisión preventiva y también ordenó el embargo de bienes de Martín Villa por unos 10 millones de euros para garantizar la responsabilidad civil. Además, decretó profundizar la investigación sobre su responsabilidad en otros siete presuntos homicidios ocurridos en distintos puntos del Estado entre 1976 y 1977.
