- La Comisión Electoral Suprema libia propuso ayer posponer un mes las elecciones presidenciales y legislativas previstas para mañana en medio de una creciente tensión bélica que amenazaba el acuerdo de alto el fuego negociado hace más de un año por Rusia y Turquía, y que había abierto la puerta un nuevo proceso de paz y reconciliación impulsado por la ONU.

En un informe remitido al Parlamento desplazado desde 2014 en la ciudad oriental Tobrouk por las disputas entre el este y el oeste del país, el presidente de la Comisión Electoral Suprema libia, Imad al Sayeh, aseguró que el conflicto que existe entre el poder político y el poder judicial sobre la designación de candidatos "hace imposible que la consulta se pueda celebrar en la fecha fijada".

El aplazamiento, al que el martes se opusieron algunos candidatos, era un secreto a voces desde que hace dos semanas la propia comisión decidiera posponer la aprobación de las candidaturas después de eliminar a varios candidatos y estos recurrieran a tribunales locales, que los reintegraron en la carrera electoral.

Y parecía muy probable desde que en septiembre el Parlamento en Tobrouk -el último elegido democráticamente pero carente de legitimidad al no constituirse a tiempo- emitiera una ley electoral que fue rechazada de inmediato por el Consejo Superior de Estado, una suerte de Senado formado en Trípoli durante el fallido proceso de paz que también lideró la ONU en 2015.

Pocos minutos después de conocerse la noticia, el enviado especial y embajador de Estados Unidos en Libia, Richard Norland, insto ayer a los responsables políticos y judiciales a abordar y resolver de manera urgente las discrepancias y a finalizar la aprobación de candidaturas, al tiempo que les recordó que debe ser su prioridad ya que "es el deseo de todos los libios".

El diplomático pidió, asimismo, a todas las partes implicadas, que neutralicen el clima de tensión bélica que amenaza a Trípoli y otras ciudades del país y subrayó que "este no es el momento de tomar medidas unilaterales u ordenar despliegues armados ya que conducirían a una escalada de la violencia y tendría consecuencias para la seguridad y protección de los ciudadanos libios".

El obstáculo principal ha sido, hasta la fecha, las candidaturas presentadas por Saif al Islam, hijo y presunto sucesor de Muamar al Gadafi, el tirano derrocado en 2011, por el mariscal Jalifa Hafter, líder de las milicias del este y hombre fuerte del país, y del primer ministro interino, Abdelhamid Debaibah, un multimillonario que hizo fortuna como director de la oficina estatal de construcción durante la dictadura.

Los tres apelaron y fueron restituidos como candidatos por distintos tribunales, que consideraron que Saif al Islam y Hafter eran elegibles pese a haber sido condenados por tribuales locales por crímenes de lesa humanidad, y que Al Debaibah podía concurrir pese a que no había dejado su puesto con tres meses de antelación y a que había prometido no presentarse cuando fue designado.

Impunidad. AI advirtió de que el aplazamiento ilustra la necesidad de abordar las innumerables violaciones de derechos humanos que han caracterizado todo el período previo a la convocatoria. Y recordó que los preparativos para la mismas "se han llevado a cabo en un clima muy volátil caracterizado por disputas" y la injerencia de "grupos armados y milicias que reprimieron repetidamente las voces disidentes, restringieron la sociedad civil y atacaron a los funcionarios electorales. "Establecer un entorno electoral libre de violencia e intimidación es casi imposible cuando los grupos armados y las milicias no solo disfrutan de una impunidad desenfrenada, sino que se integran en las instituciones estatales", subrayó.