El último pleno del año dio el visto bueno también a la reforma fiscal del Gobierno de Navarra. Una rebaja de impuestos de 53 millones en el IRPF y sin apenas cambios en el Impuesto de Sociedades, y que fue criticada por motivos opuestos tanto por la derecha como por la izquierda del arco parlamentario. Pero que salió adelante con el apoyo o la abstención de los socios presupuestarios, que limitaron su crítica al discurso parlamentario. Y con la oposición de Navarra Suma, que reclama una mayor rebaja fiscal que sirva para reactivar la economía y mejorar la recaudación.

Las novedades principales pasan por una mejora de los mínimos personales y familiares del 5%, una bonificación fiscal de 100 euros para los contribuyentes con menos de 30.000 euros de ingresos y una deflactación de la tarifa del 2% para compensar la subida de salarios por la inflación. Supondrán un ahorro para los contribuyentes de 56 millones en IRPF, que tendrá efectos en la declaración de la renta de 2023.

Durante el trámite parlamentario se han introducido además algunos cambios. Destaca la propuesta de EH Bildu para eliminar los privilegios fiscales de Audenasa, que deberá tributar ahora por el 100% de sus beneficios. También se mantienen un año más las limitaciones a la compensación por pérdidas de las empresas (propuesta por Podemos), se mejora la deducción por compra de vehículo eléctrico para rentas menores de 30.000 euros (EH Bildu) y se permitirá que las empresas puedan destinar el 0,7% del Impuesto de Sociedades a fines sociales en términos similares a como ocurre con el IRPF (PSN, Geroa Bai y Podemos).

La encargada de defender la ley fue la consejera de Hacienda, Elma Saiz, que destacó que las medidas buscan “mejorar la equidad en el ámbito tributario” y “luchar contra el fraude fiscal”. “Decir ‘no’ a este proyecto significa no ser consciente de los beneficios que puede reportar a las familias o la actividad productiva”, argumentó Saiz, que consideró que este proyecto “cumple con la premisa de no adoptar decisiones que dañen al tejido productivo de esta comunidad” y busca “aliviar” las rentas de las familias. Todo ello “desde la prudencia y sin perder de vista la realidad económica de un mundo cambiante como es el actual”. “El Gobierno va a saber estar a la altura y seguirá guiándose por la responsabilidad, a presente y a futuro”, defendió.

Deflactación de la tarifa. Se deflactará la tarifa en un 2% en todos los tramos. La medida implica rebajar ligeramente los tipos de impositivos para evitar que una subida de los salarios por la inflación implique un aumento de impuestos indirecto.

Mínimos personales. Se incrementa un 5% los mínimos personales en el IRPF. Se trata de una deducción en el impuesto de la renta mediante la que se compensan situaciones como la edad, la discapacidad, el número de hijos o personas mayores a cargo. Si hasta ahora un contribuyente menor de 65 años dejaba de pagar a Hacienda 972 euros, ahora se ahorrará 1.020 (48 euros más).

Mínimos familiares. La rebaja fiscal también beneficia a los mínimos familiares. Así, en el caso de los hijos, la deducción será aproximadamente de 21 euros más por el primer hijo, de 23 euros por el segundo y de 32 por el tercero. En el caso de los ascendientes a cargo, el ahorro será de 12 euros.

Bonificación de 100 euros. Se plantea además una bonificación de 100 euros para las rentas inferiores a los 30.000 euros, que se aplicaría también en los mínimos personales. Se trata de una mejora de la tributación para las rentas bajas y medias con un impacto de 22,1 millones.

Ayudas al alquiler. Se aumenta en 25 euros mensuales (de 650 a 675) la renta máxima que permite acceder a

deducciones por alquiler.

Planes de pensiones. Se reduce de 2.000 a 1.500 la aportación máxima deducible a los plantes de pensiones para adaptarse a la nueva normativa estatal.

Exención por las ayudas europeas. La ley recoge una exención del 50% de las ayudas financiadas por el FEAGA si son percibidas por titulares de explotaciones agrarias prioritarias y del 100% de las financiadas por el FEADER, con un límite conjunto para ambas de 20.000 euros. En total el coste de la reforma en el IRPF será de 53,6 millones anuales.

Deducción por creación de empleo. Se elimina la deducción por creación de empleo en línea con lo planteado por los expertos. El ahorro se destinará a financiar políticas activas de empleo.

Otros. Se modifican las deducciones por algunas actividades de I+D y por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales. La nueva normativa deja exentas las ayudas de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid.

0,7% para fines sociales. Las empresas podrán destinar el 0,7% de sus impuestos a fines sociales, tal y como ya ocurre en IRPF. Se asimila la normativa navarra a la estatal, donde ya estaba recogida esta posibilidad. El cambio tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2021, y será efectiva en 2022..

Fin al privilegio de Audenasa. Audenasa, concesionaria de la AP-15, deberá tributar como el resto empresas. Se elimina así la excepcionalidad de la que disfrutaba hasta ahora, que le permitía no pagar por sus primeros 17 millones de beneficios.

Ayudas a la compra del coche eléctrico. Se mejora la tributación por la compra de un coche eléctrico para rentas inferiores a 30.000 euros (60.000 euros para unidades familiares). En concreto, para estos tramos de renta se eleva el 30% al 35% la deducción por inversión en vehículos nuevos si son eléctricos, y del 5% al 10% si son vehículos híbridos enchufables.

Se prorrogan los límites a las compensaciones por pérdidas. Se mantiene un año más el límite fijado a la compensación por pérdidas a la que tienen derecho las empresas que facturen más de 20 millones anuales en los términos fijados en 2018, y que vencían en el ejercicio actual.

Sicav. Los titulares de las SICAV que vendan su participación para acogerse a la nueva normativa no deberán tributar, siempre que se reinvierta según lo establecido en la norma.