El Gobierno de Chivite mide sus apoyos en un inicio de año con gran actividad parlamentaria

Han surgido en cambio algunas piedras en el camino que invitan a pensar que el tramo final de la legislatura no va a ser más sencillo de lo que lo han sido los dos años y medio precedentes. La sexta ola ha llegado de imprevisto y alcanza ya niveles máximos en cuanto a contagios. Queda por confirmar si la curva en alza casi vertical tendrá también su reflejo en hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecidos, pero el final sigue lejos todavía. Quizá sean los últimos coletazos del virus, pero incluso en el mejor de los casos parece claro que la crisis sanitaria va a seguir condicionado la gestión publica durante los próximos meses.

También el margen de actuación política del Gobierno Chivite, que en las últimas semanas se ha visto desbordado por la pandemia, y que empieza a notar el desgaste por su gestión. Navarra Suma ya anunció ayer que pedirá la reprobación de la consejera de Salud en una prueba más de que la situación sanitaria seguirá centrando buena parte del debate político. Un escenario complejo en el que se mezclan los criterios médicos, las urgencias económicas y el hastío social. Y en el que el Ejecutivo deberá hacer un esfuerzo adicional por reforzar su cohesión interna si quiere evitar complicaciones añadidas.

El último pleno ha dejado sin embargo algunas grietas que la mayoría progresista deberá reparar antes de que vayan a más en un horizonte claramente preelectoral. Lo deberá hacer en un mes de enero de gran actividad legislativa en el que se debatirán cuestiones importantes que todavía están sin acuerdo entre los socios del Gobierno.

Sobre la mesa sigue la reforma del Convenio Económico, que la consejera de Hacienda retiró en el último momento para evitar una dolorosa derrota parlamentaria y que derivó en un agrio cruce de reproches entre PSN y Geroa Bai. Ambas partes han mostrado voluntad de reconducir la situación, pero ni Elma Saiz quiere modificar el texto ya pactado con el Estado, ni su socio de coalición parece dispuesto a apoyar la redacción actual. Hay margen para un acuerdo, también para aprobar la reforma como está con el apoyo de Navarra Suma. Pero las diferencias han vuelto a aflorar una desconfianza que parecía superada y que puede condicionar el resto de cuestiones pendientes de negociación.

Es el caso de la Ley de Cambio Climático, una iniciativa del departamento de Medio Ambiente, gestionado por Geroa Bai, y cuya tramitación también ha quedado aplazada al mes de enero por falta de sintonía. Las diferencias se habían matizado en las últimas semanas del año, pero no hay acuerdo todavía para garantizar la aprobación de una de las leyes más importantes de la legislatura, y que deberá incluir también a EH Bildu.

También se ha aplazado a este inicio de año la elección de los miembros de la comisión para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales y del Estado. Hay cinco candidatos para cuatro puestos, y aunque no hay grandes diferencias entre ellos -todos cuentan con un reconocido perfil jurídico y académico- son la evidencia que en un tema tan sensible como este tampoco hay una visión conjunta.

Las transferencias anunciadas pero todavía pendientes -Tráfico e Ingreso Mínimo Vital-, el decreto para regular los méritos en el acceso a la función pública, el Plan Estratégico de Euskera y el Plan de Convivencia son otros de los ámbitos en los que los socios del Gobierno deberán trabajar el consenso en este inicio de año.

Cuestiones importantes que van a medir también la voluntad de todas las partes por mantener la dinámica de negociación y acuerdo mostradada desde el inicio de la legislatura y que ha garantizado la estabilidad incluso en lo más duro de la pandemia. Los presupuestos expansivos y una rebaja fiscal de corte electoralista han dejado un horizonte de cohesión entre los socios de Gobierno, que más allá de sus diferencias siempre han tenido clara su apuesta institucional. Pero que deberán seguir buscando puntos de encuentro alejados de una tentación electoral que cada vez se va hacer más evidente.

Legislación básica. El Gobierno de Navarra ha acordado con el Estado modificar el Decreto que regula la gestión y ejecución de los fondos europeos para evitar un recurso de inconstitucionalidad. Según informó ayer el Ejecutivo foral, en la Ley de Presupuestos de este año se ha matizado que la normativa navarra se interpretará "con respeto a la legislación básica del Estado en la materia de conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia". Con este son cinco los acuerdos de este tipo alcanzados entre el Gobierno central y foral a lo largo de 2021, y que según el Gobierno de Navarra "han evitado otros tantos posibles recursos ante el Tribunal Constitucional". En lo que va de legislatura se han firmado nueve acuerdos en torno a discrepancias de ámbito competencial. "Estos acuerdos muestran una defensa inteligente de nuestros fueros y autogobierno", afirmó ayer el portavoz Javier Remírez.