El Estado ha aplazado cuatro veces en dos años la firma del traspaso de Tráfico a Navarra

Las discrepancias en el cálculo del coste vía Convenio Económico constituyen los "flecos" del traspaso

16.01.2022 | 21:27
Agentes de la Policía Foral, durante un control de movilidad entre Navarra y la CAV

El traspaso de la competencia de Tráfico en exclusividad para la Policía Foral ha tenido una constante desde que Sánchez se la prometió a Uxue Barkos en octubre de 2018: los aplazamientos.

Desde entonces, la firma definitiva de la competencia –un derecho histórico de la Comunidad Foral que arrebató el Estado durante el franquismo– solo ha conocido cambios de fecha, retrasos y promesas incumplidas por todo tipo de razones. Primero fue la interinidad del Gobierno central; luego, la irrupción de la pandemia, que dejó en segundo plano todo lo que tuviera que ver con la política territorial; y después las discrepancias en torno a una transferencia compleja, en la que entran en juego varios ministerios y que está sujeta a un minucioso cálculo económico y de plazos de ejecución para que pueda desarrollarse con garantías.

Navarra y el Estado ya tienen más que apalabrado que será la Policía Foral la que se encargará de gestionar el Tráfico y la Seguridad Vial sin la colaboración de la Guardia Civil, como sucede en la CAV o Catalunya. Pero falta la firma, el pistoletazo de salida de un traspaso que será largo. La idea es que Navarra, para 2025, tenga ya solo uniformados de rojo en las carreteras, para lo que el cuerpo autonómico tendrá que crecer en al menos 149 agentes, según cálculos del Ejecutivo foral.

Pero ahora mismo no hay fecha concreta para el traspaso, y comienza a sobrevolar el fantasma del fiasco: si el Estado y Navarra no acuerdan antes de verano, el ciclo electoral que ya despunta y el incierto panorama político refuerzan la tesis de quienes creen que la Guardia Civil nunca se irá de las vías navarras.

LOS ESCENARIOS

Hay una primera fecha: el 30 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado y el PNV firman, como parte del pacto de investidura, el traspaso de Tráfico a Navarra para antes del primer semestre de 2020. La fecha se da por buena y es el propio ministro del Interior, Grande-Marlaska, el que un mes después traslada a la presidenta Chivite la voluntad de cumplir con ese plazo.

Lo que pasa es que llega la pandemia y lo para todo hasta verano, cuando la situación sanitaria da una pequeña tregua. Entonces es la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la que dice que en octubre se va a retomar el traspaso. Pero tampoco se acomete entonces: existen trabajos avanzados a nivel técnico, pero quedan "flecos", y en diciembre de 2020 el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, habla de traspaso para "las primeras semanas o meses" de 2021. Tampoco llega y es el mismo Arasti el que para febrero de 2021 asume que, como pronto, la firma será a final de año.

La predicción del delegado cogió cuerpo en septiembre, cuando se llegó a fechar la firma: 1 de diciembre. Calendario precipitado, a tenor de los acontecimientos, ya que a finales de noviembre ambas administraciones acuerdan posponer el acto. El problema ya no es técnico: Navarra y el Estado tienen los cálculos de personal y los plazos claros. El problema es económico: hay que fijar pormenorizadamente el impacto que tiene el traspaso en el Convenio Económico, y en eso no hay acuerdo con la actualización de la aportación todavía pendiente.

Así se llega al último escenario, ese en el que Arasti especula ahora con la posibilidad de que la firma se rubrique en el primer trimestre de este año, tal y como dijo durante una rueda de prensa el pasado jueves. De tal manera que desde enero de 2020 ya se han barajado cinco escenarios –junio y octubre de 2020; principio y final de 2021; y marzo de 2022– para poner en marcha una competencia que, de tanto posponerse, corre el riesgo de quedar bloqueada.

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