Julen Bollain (Eibar, 1990), profesor e investigador, analiza el empeoramiento de la inflación derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ha estallado una conflagración que además del drama humano comporta consecuencias económicas.

-Está claro que el primer problema es la grave situación que está pasando la ciudadanía ucraniana. Realmente es muy duro lo que está sucediendo. Hace poco me escribió una amiga que estaba huyendo hacia Croacia con su hija, y había dejado atrás su casa en Odesa y a su pareja. Si lo miramos desde nuestro punto de vista, más allá de análisis geopolíticos, partimos de un punto muy bajo. Fuimos golpeados con la crisis económica derivada de la crisis sociosanitaria que tuvimos, y aquello nos dejó en un punto de parón que no habíamos vivido anteriormente. Esta crisis nos golpeó cuando todavía la mayoría social no había recuperado los niveles previos a la crisis del año 2008.

Y llegó otra receta.

-El Banco Central Europeo y los gobiernos tomaron medidas distintas a las decididas para hacer frente a la crisis de 2008. Por así decirlo, se dejaron atrás las políticas más austericidas, y se dio pie a un incremento del gasto público, recogiendo un poco las ideas de Keynes. Tratamos de reactivar el consumo, y de bajar los tipos de interés, para incrementar la inversión y poco a poco la producción que se quedó bajo mínimos. Salimos del confinamiento, y había una demanda muy grande y una oferta que todavía no podía hacer frente a esa demanda, porque se puso a trabajar desde cero. Esto hizo que hubiese un incremento de precios muy grande, como ya hemos visto en el último año, y que a su vez pierda poder adquisitivo gran parte de la ciudadanía.

Si esa inflación ahora se prolonga y se desboca, el problema social se recrudecerá de forma muy grave.

-Una gran inflación puede reducir la tasa de desempleo, pero crear también graves problemas sociales a futuro, que ya se empiezan a ver, sobre todo en los estratos más vulnerables de nuestra sociedad. La guerra de Rusia y Ucrania ha provocado un incrementado desorbitado de los precios del petróleo, con lo que conlleva en el incremento de la gasolina, por ejemplo. Además, Rusia tiene el grifo del gas respecto a Europa, y decide cuánto quiere exportarnos. Entre el 30 y el 35% del gas que importa Europa es de Rusia. Por lo tanto, tenemos una dependencia muy grande. Si Rusia cierra el grifo, estamos cortando la oferta, pero la demanda sigue siendo la misma, por lo que los precios van a aumentar, que es lo que estamos viendo.

¿Soluciones?

-Una que lleva mucho tiempo proponiendo la ministra Ribera es sacar el gas fuera del mercado marginalista de precios de la energía, que ese incremento no afecte a otras energías, como las renovables o la nuclear. Eso ya se está debatiendo ahora mismo en Europa y parece que puede salir adelante. Es una buena solución, pero trae otros problemas. Si la oferta se reduce, Europa no va a bajar su producción industrial. Tenemos que buscar distintos proveedores que permitan mantener esa oferta de gas constante. En parte porque no se ha buscado esto anteriormente, ha habido legislaturas fallidas donde no se ha tratado de avanzar en una soberanía energética que actualmente no tenemos.

¿Cree que en las eléctricas hay conciencia de que en esta crisis les puede tocar a pagar?

-Yo creo que tenemos un problema, algo que en su día lo entendieron muy bien gente como Robespierre, Jefferson, Roosevelt o incluso Marx y Adam Smith, y es que no puede haber poderes económicos privados que tengan tanto poder que puedan amenazar o atentar contra lo común. Eso es republicanismo de primero. Actualmente tenemos poderes y multinacionales que pueden atentar contra estados elegidos democráticamente. Lo hemos visto muy bien en los últimos años con el poder que tienen las eléctricas para crear, modificar y adaptar leyes normas y leyes a su antojo. Esto tiene que acabar y poco a poco irá acabando, porque ellos mismos tienen que ver que no es sostenible una sociedad donde haya gente que realmente no puede tener ni lo más básico. El capitalismo ya lo está entendiendo, y desde los años cuarenta hasta los años ochenta lo entendió perfectamente. Ahora se está hablando de actuar contra los 'beneficios caídos del cielo', algo de primero, no se puede permitir que eléctricas tengan beneficios por costes que no han sufrido. Todos los agentes tienen que tener su beneficio lógicamente, pero acordes a los costes que tienen. Lo que no puede ser es que al dispararse el precio del gas se sacrifique sobre todo los bolsillos de las personas más vulnerables. Esto viene por un mercado eléctrico regulado por Europa, y una redefinición que está en camino indudablemente es algo que teníamos que hacer. El verano pasado poníamos el grito en el cielo porque el precio del megavatio hora superaba los cien euros. Este martes tuvimos picos por encima de setecientos euros. Se necesita entender que la energía es un bien básico, y que necesitamos acceder a ese bien básico.

Borrell propone bajar la calefacción. Usted lo ha criticado.

-Es lamentable, creo que es vergonzoso que un tipo como Josep Borrell diga eso. Recuerda mucho a cuando las instituciones públicas para lavarse las manos frente a la pandemia delegaban todo a la responsabilidad individual de las personas. Está claro que las personas tenemos responsabilidad individual, pero no olvidemos que tenemos unas instituciones públicas que están ahí para garantizar el bien público y el bienestar de toda la población. Tienen que tomar cartas en el asunto, adoptar medidas, e intervenir el mercado eléctrico para garantizar un bien básico como la energía y para garantizar que este bien básico sea accesible para toda la población. Esto es como la sanidad. Es la institución pública quien tiene que garantizar el derecho a una sanidad pública de todas las personas.