"Mi libro sobre el fascismo empieza por la judicatura"

"El fascismo ha vuelto. Ha estado siempre, pero debilitado”, advierte en la introducción.

-Efectivamente. Ha habido momentos en que ha estado solapado, latente, y creo que en los últimos años se empieza a manifestar cada vez con menos disfraces. La idea del libro, en el que llevo reflexionando varios años, es que creo que tenemos la obligación moral o el deber de profundizar un poco más para ver qué subyace en la base de determinadas instituciones y planteamientos. Quitar los disfraces de aquellas acciones, omisiones, actitudes o comportamientos que pueden conceptuarse dentro de la ideología fascista o próximas. Por eso no defino el fascismo en el libro. He preferido, partiendo de que hay muchas definiciones, analizar cuáles son las características que nos pueden desvelar esos disfraces. Las de una ideología que se basa en el supremacismo y rompe con el concepto universal de derechos humanos. Un ideario donde se practica la sumisión extrema al líder, una lealtad absoluta, y busca un enemigo común. Una ideología que se nutre de la confianza, el miedo y el odio, focalizada normalmente en grupos vulnerables, que expande el terror en la población hacia dentro y hacia fuera, que se caracteriza por la falta de consistencia en las ideas, y se nutre de la mentira y del engaño. En el libro procuro dar ejemplos.

Hay un debate sobre si resulta contraproducente utilizar mucho el término. Su libro es inequívoco.

-Sí, hay un debate profundo sobre si el fascismo debe ponerse sobre la mesa, si ha retornado o ya se finiquitó y esto es algo diferente. En el libro trato esta discusión. Creo que hay que indagar y averiguar, y si esas características se cumplen con ese nombre o cualquier otro, entiendo que estamos en el marco del fascismo.

Llama la atención que el primer capítulo lo dedique a la judicatura.

-Sí, porque soy juez y conozco bien la profesión, y sus distintos ámbitos de desarrollo, y puedo profundizar con mayor conocimiento de causa en ámbitos que a lo mejor nunca se reconocen como tales. Evidentemente también relativizo, y digo que la gran mayoría de los jueces son personas y servidores públicos que hacen su trabajo como deben.

Usted ha dicho que “el 80% de los jueces y fiscales en España son ultraconservadores”. Un titular tremendo, y un problema de Estado.

-Será un titular o no, pero es una verdad constatable, incluso con algunas estadísticas del propio Consejo General del Poder Judicial o del Ministerio Fiscal. Si vemos cuáles son las líneas políticas de estos organismos corporativos frente a distintos problemas, y cuáles las resoluciones judiciales respecto a esos casos extremadamente delicados, podemos llegar a la conclusión de que esto es así. Es evidente que hay un segmento conservador o ultraconservador muy grande, no equivalente al segmento de población que es progresista, que sobrepasa el 50%. Eso genera un problema de confianza.

¿Con ese panorama ve los indultos a los políticos catalanes en riesgo?

-Llama la atención lo ocurrido. No puedo opinar hasta que no lea con detenimiento la motivación de ese auto, y lo que ocurra en la sentencia. Aparentemente puede haber una instrumentalización por parte de quienes plantean esa demanda. Renovar otra vez los mismos problemas puede ser complicado. Desde luego que una misma Sala con composición diferente le quite la razón a la otra parte llama la atención.

Ha aparecido en las grabaciones que El País ha publicado de Villarejo. ¿Le provoca incomodidad?

-No, me llama la atención que porque me llame Baltasar Garzón sea noticia. Si son las que se refieren a 2015, ejercía como abogado, y si alguien me consultaba, podía emitir mi opinión. No las he leído, me las han referido, pero además la opinión que emito es que el señor Villarejo debería legar a un acuerdo con la Fiscalía. Es lo que he hecho todos los años de juez, buscar la colaboración de las personas que tienen conocimiento de hechos delictivos, para ponerlas a disposición de la Justicia. La Fiscalía lo está haciendo todos los días.

En 1995 desembarcó en el PSOE. Duró once meses. Da la sensación, si me lo permite, de que se cayó del guindo, al ver la falta de voluntad regeneradora entonces.

-Para mí la política es un servicio público, un mecanismo de protección de los ciudadanos en una democracia, y el ejercicio tiene que ser correcto y transparente y no puede ser tramposo. Cuando me comprometí con Felipe González a ir en las listas como independiente, hubo una serie de presupuestos, ninguno de obtener cargos, eso es una imbecilidad decirlo, y el que lo diga demuestra que no sabe de qué va la cosa.

Usted era un hombre informado.

-Pero precisamente para tratar de cambiar las cosas tienes que enfrentarte o acercarte a ellas. Si no es imposible. Pude equivocarme, no le digo que no. Cuando vi que era imposible hacerlo o yo no podía llevarlo a cabo, se lo manifesté al presidente del Gobierno, le presenté mi carta de dimisión y me marché, porque lo que no entiendo es quedarse a sobrevivir y comer de la política. Pues no, si no valgo, no valgo. ¿Asumo mi equivocación? Sí, y ya está, a otra cosa.

Titular en El País, en 1996: “Garzón reveló a Corcuera en 1993 que Domínguez tenía papeles comprometedores del GAL”.

-Eso es mentira. Y si El País lo publicó alguien se lo contó que desde luego le mintió. Con Corcuera es público y notorio que mi relación no era precisamente buena. Le tengo respeto y no tengo más que decir.

En 2013, en Deia, Amedo dijo que usted contactó con él y con Domínguez en 1994 para pedirles que no contaran nada sobre los GAL, porque iba a a ser nombrado ministro del Interior e iba a pedir el indulto.

-(Se ríe). Eso tiene tan poca consistencia como lo anterior. Lo que diga el señor Amedo me merece poco respeto, y a las pruebas me remito. Yo con el único que podía hablar de esto era con Antonio Asunción, que me dijo: “No vas a tener acceso ningún acceso a temas relacionados con terrorismo y fondos reservados”. En el último momento, cuando yo ya había dimitido, y él no lo sabía todavía, me propuso encargarme de la coordinación de la lucha contra el terrorismo, y yo le dije: Antonio, ya es tarde, he presentado mi dimisión.

En un libro publicado hace meses sobre el archivo personal de Manglano, Asunción implicaba a Corcuera en el envío de cartas bomba a HB, una de las cuales costó la vida al cartero José Antonio Cardosa.

-Hubo una investigación que yo tramité, unas diligencias previas que se investigaron, y se tomó declaración a personas afectadas. Creo que uno de los destinatarios era Iñigo Iruin, y se indagó hasta donde fue posible con los elementos que había. Recuerdo que eso salió de Roldán.

La novedad es que esto salga en los papeles de Manglano, que publicaron dos periodistas de ABC.

-Sí, bueno, pues ellos sabrán, Manglano no lo puede ratificar. A mí lo que me encantaría es que los servicios de inteligencia fueran muy transparentes, para conocer esos hechos en tiempo real, y poder investigar para, si hay elementos de responsabilidad penal de alguno, se pueda descubrir.

Pedro Sánchez ha anunciado una reforma de la ley de secretos oficiales. Habrá que ver sus términos; la vigente ha sido un tapón.

-Efectivamente, habrá que verla, cuando en 2002 en dicha ley se incluyó el control judicial aparente por parte de un magistrado del Tribunal Supremo, yo ya escribí que me parecía insuficiente y que había que establecer muchas cosas más para garantizar esa transparencia y control. Ha habido mucha opacidad, y creo que en una democracia los servicios de inteligencia tienen que estar para garantizar la seguridad y la defensa de los derechos de los ciudadanos, y no al contrario. De esto trata mi libro también. Bienvenida esa reforma, pero tampoco hay que esperar a que haya un escándalo como el de Pegasus para que se tomen medidas.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, y de la verdad, justicia y reparación, ¿qué mensaje trasladaría hoy a víctimas de violencia del Estado, del GAL, de la tortura?

-Que la Justicia tiene el deber irrevocable e indeleble de investigar, considerar y conocer todos los hechos. La verdad debe ser siempre establecida, y la Justicia en los casos que sea posible penalmente y en los que no, restaurativa, debe reparar a las víctimas. En ningún caso negar los derechos de cualquier víctima. En nuestro país a veces se establecen categorías de víctimas, y eso es muy peligroso.

¿Se investigó lo suficiente? ¿Se creó un ambiente emocional y faltó determinación?

-En lo que pueda yo decir, por mi parte hice todo lo posible, y sufrí las consecuencias. Yo hasta donde pude y me dejaron, llevé las investigaciones estableciendo posibles responsabilidades, unas aceptadas con condenas, y otras no. Evidentemente hubo muchas zonas oscuras en las que no se quiso profundizar, como el de la investigación de la guerra sucia, de las torturas o de otras acciones por parte de los aparatos del Estado.

¿Y ante las denuncias de torturas?

-En los casos que me correspondieron hice todo lo que se pudo hacer con los indicios que había, y además la investigación de los delitos de tortura no era de la competencia de la Audiencia Nacional, estaba expresamente prohibida. Yo fui el primer juez que empezó a recoger en las propias declaraciones las denuncias de torturas, y después, los propios interesados las fueron presentando en los órganos judiciales correspondientes. Y ahí, sí, tengo que reconocer que hubo una respuesta muy escasa. España ha sido después condenada por esta falta de investigación.

Los datos de torturas certificados por el Gobierno Vasco son tremendos para la judicatura de la época.

-La Justicia tiene una deuda muy grande con el tema que se refiere a la investigación de la tortura. Se cuentan con los dedos de las manos los casos. Ha habido condenas hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a sentencias del Tribunal Supremo que se han tenido que anular. Hay un déficit importante en la investigación, que no se ha producido salvo excepciones. Esto porque quizás, lo digo también en el libro, siempre ha habido una tendencia a la protección del modus operandi de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que quizás no se tendría que haber producido, pero también en mi caso establecí lo que se conoce en Naciones Unidas como el Protocolo Garzón, para la grabación de la situación durante la detención e incomunicación en los casos de terrorismo, para que por lo menos de alguna forma se concitaran esos hechos, y se hizo y se adelantó bastante.

¿Con perspectiva, en el caso Bateragune, donde comenzó la instrucción, hoy habría obrado así? Vista su evolución sobre el devenir de la prisión de Otegi y su posición sobre los intentos de repetir el juicio.

-Cuando yo investigué e instruí ese caso, como otros, yo jugué con los elementos que había, e hice la interpretación que consideré ajustada a derecho y por tanto no puedo desdecirme. Me ratifico en la instrucción del principio al final. Después hubo una sentencia y una condena, y luego una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por determinados acontecimientos que sucedieron en el juicio oral de la Audiencia Nacional. Lo que sí he dicho es que no se puede seguir estigmatizando, hasta el punto de que parece que se llega a una especie de venganza o fijación contra personas que están haciendo cosas importantes en el mundo de la política y que están perfectamente dentro de la legalidad. Volver a repetir un juicio creo que no es lo más adecuado, porque ¿qué margen va a tener el Tribunal, va a discrepar de lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Lo que se tendría que haber hecho es declarar la nulidad y, en su caso, la indemnización a que hubiera lugar, y ahí acabar la historia.

Cuando se generó el ambiente del ‘todo es ETA’, sacar un carnet de identidad vasco lo contempló como estrategia de desobediencia civil...

-No, como un indicio. En algunos casos en unión con otros.

¿No fue un magma lesivo, de trazos gruesos en la lucha contra ETA?

-No, no es verdad la afirmación que venía del mundo abertzale del ‘todo es ETA’. Yo en ningún momento dije que ‘todo es ETA’, y por mi parte hubo discriminación de conductas absolutamente. Yo ordené la clausura de un medio por un tiempo, y sin embargo me he mostrado siempre contrario a la de otros, por ejemplo Egunkaria. Cuando tomé una decisión fue en base a unos indicios reconocidos por la resolución judicial del Tribunal Supremo. En cambio ni siquiera instruí el caso Egunkaria. En otros aspectos me puedo haber equivocado. ¿Cómo que no? Claro que sí. Somos humanos, pero no es verdad ‘el todo es ETA’, y los abogados que ejercían en estos casos lo saben perfectamente. Cuando tuve que tomar decisiones en otros sentidos, las tomé también, no dudé en hacerlo.

La deuda de Egin la ha tenido que asumir Gara.

-Yo no estoy al tanto ya de lo que ha sucedido, porque ha habido varias resoluciones judiciales. Sería un atrevimiento por mi parte darle opinión sobre algo que ya no conozco.

"LA VENGANZA ETERNA SIN ETA NO ES BUEN SISTEMA"

David Trueba animó a estudiar por qué los dictadores “resultan ridículos despojados del poder”.

-Yo utilizo la palabra ‘cobardía’, y ejemplifico la reacción de Pinochet, una vez detenido y ante el juez. Lo único que hacía era decir no me acuerdo, no lo sé de una forma trémula. Al perder el poder, como no hay sustancia debajo, quedan inermes y temen a las víctimas, a la democracia y al derecho. Creo que hay una gran dosis de cobardía en los dictadores.

Coordina la defensa de Assange.

-Para mí es uno de los paladines de la libertad de expresión, ha entregado prácticamente su vida en defensa de esta y del acceso a la información. Son ya muchos años desde 2012 en los que se ha ido empeorando su situación. Sigue privado de libertad y sigue la persecución política de Estados Unidos. Me apena que los medios de comunicación, que estuvieron ávidos, no hayan seguido después este atropello permanente que está sufriendo. Ahí seguimos luchando y esperemos que la extradición no se consuma, porque sería un grave atentado, uno más, a la profesión periodística.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo en agosto que fue condenado sin garantías por las escuchas de la Gürtel.

-Lo que dice el Comité es que fue una sentencia arbitraria y parcial, en la que no había previsibilidad de la figura penal con la que se me condenó, y se me quitó el derecho a doble instancia y se debe repararme. He solicitado al Ministerio de Justicia el cumplimiento de ese dictamen, y estoy a la espera de esa respuesta. Acudiré de nuevo tanto al Comité como al Ministerio y en su caso a la Justicia.

ETA está muy en el foco de la derecha y extrema derecha.

-Esa es la utilización por parte de estas posiciones, por ejemplo la instrumentalización de las víctimas. He tenido la oportunidad de asistir a procesos de diálogo y de finalización de la violencia, como en Colombia. He defendido siempre esa forma de finalización. En el caso de España mantener esa especie de venganza eterna no es buen sistema. Hay que concluir esos procesos en una forma de entendimiento, de respeto y de valoración por supuesto a las víctimas y defensa de las mismas.

¿También con progresiones de grado de presos de ETA sin carácter de excepcionalidad?

-Yo creo que es un proceso integral por parte de todos, debe ser muy pedagógico y se está produciendo esa pedagogía en muchos ámbitos.