pamplona -La entidad Avanvida gestionará a partir del 1 de diciembre los servicios de Enfermedad Mental dependientes de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas del departamento de Derechos Sociales. La licitación de estos servicios -Centro Félix Garrido, CRPS (Centros de Rehabilitación Psicosocial) de Pamplona, Tudela y Estella y dos pisos supervisados de Tudela y Pamplona-, que emplean a 66 trabajadores se ha realizado teniendo en cuenta el convenio de discapacidad y el nuevo modelo de gestión que ayer defendió el vicepresidente Miguel Laparra en comisión parlamentaria.

El nuevo modelo, ya aplicado en la adjudicación de los servicios del ámbito de la discapacidad -cinco centros y pisos supervisados y 800 empleados- establece entre otros requisitos a las empresas o entidades que concurran la limitación a un 5% la bajada en los precios de licitación, a un 3% el beneficio industrial, la revisión de los salarios y la aplicación de un convenio colectivo común. “El criterio determinante en las adjudicaciones -subrayó Laparra- es la proposición técnica frente al resto de criterios objetivos”, lo que, precisó, supone valorar la calidad de los servicios sobre otros aspectos, criterio que también se ha tenido en cuenta en el ámbito de la salud mental y en los contratos de los servicios del área de menores actualmente en concurso y que “mejora el módulo y los ratios de personal”, destacó así como que el nuevo modelo abre los procedimientos a entidades con y sin ánimo de lucro, pymes, como aconseja Comptos.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, compareció en comisión parlamentaria, celebrada a instancias del PSN, para valorar el Informe de la Cámara de Comptos sobre “Contratos de asistencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 2016”, informe que pidió el grupo socialista y que la presidenta de Comptos, Asunción Olaechea, defendió en junio en el Parlamento. Este informe fue debatido en junio por lo que ayer fue una segunda sesión al respecto-

contratos legales El vicepresidente destacó que el informe de Comptos sobre estos contratos de asistencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADAP) “ratifica la adecuación a la legalidad, las formas y al respeto de los trabajadores en todos los casos” y que se está trabajando en implementar las recomendaciones realizadas por el órgano fiscalizador. Unas recomendaciones que consideró “interesantes e importantes” para “seguir mejorando la calidad de los servicios” y sobre las que, dijo “estamos trabajando en su implementación”.

En concreto, afirmó que “se está revisando el contenido y el modelo de las memorias técnicas y económicas de tal forma que la información que se recabe de cada contrato sea relevante para la valoración de los servicios”. Además, “se está trabajando en un sistema de gestión de presencia de los trabajadores que permita a la ANADAP y al Servicio de Inspección conocer en tiempo real los profesionales que trabajan en los centros”. También, que su departamento “ha impulsado el inicio de un convenio colectivo para unificar las condiciones en el sector” y que están “apoyando” una negociación entre patronal y sindicatos.

Dijo que han seguido tramitando la adjudicación de los contratos caducados -en algunos casos por causas ajenas al departamento- como las plazas de P. Menni o de los COA que serán asumidos por la Fundación Pública. Laparra valoró “el esfuerzo importante” que se ha hecho en la planificación de los servicios sociales y el control de calidad del conjunto de servicios sociales; afirmó que asumen las recomendaciones de Comptos e insistió en que los contratos de 2016 y 2017 son conformes con la ley.