Pamplona - El pasado 29 de diciembre se aprobó el real decreto para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas de urgencia. La disposición quinta establece la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes, tanto universitarios como de Formación Profesional de grado medio y superior, que realizan prácticas externas. Esta medida en Navarra afectaría anualmente a más de 8.000 estudiantes ya que, a modo de ejemplo, durante el pasado curso 2017/18 realizaron prácticas tanto curriculares como extracurriculares: 4.000 alumnos de Formación Profesional (en programas FCT y FDual), más de 2.600 estudiantes de grado y máster en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y casi 2.300 de la Universidad de Navarra (UN).

La orden estipula tres meses, a partir del 1 de enero de 2019, para desarrollar el articulado y establecer quién y cómo gestionará esta medida recaudatoria. Este es el punto donde representantes de la comunidad educativa navarra apuntan sus inquietudes. En primer lugar, por la sorpresiva del decreto sin consultas o reuniones previas, indican desde las universidades navarras -UPNA y UN, ambas parte del la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que ha realizado un comunicado solicitando al Gobierno central una mesa de diálogo para participar en el desarrollo normativo-. En segundo lugar, por el coste económico derivado de los gastos de gestión y de la aplicación de la medida, ya que puede afectar en la disminución de la oferta de prácticas o a un gasto extra de las Comunidades Autónomas (este segundo supuesto, sobre todo en el caso de las prácticas realizadas en entes públicos o concertados, como hospitales, colegios o administraciones).

De igual modo, los Servicios de Gobierno de Navarra tanto de Universidades y Recursos Educativos como el de Formación Profesional manifiestan su sorpresa por la aprobación del real decreto sin previo aviso. No obstante, estos equipos del Ejecutivo foral expresan cautela antes de disponer del articulado de la medida, puesto que hay muchos matices que aún no están especificados y porque, recuerdan, bajo los términos “prácticas formativas” se incluye y ofrece una horquilla muy amplia y muy diversa de ejercicios de los estudiantes.

respuesta universidades La UPNA se alinea con lo expresado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), esto es, “no queda claro quién asumiría el coste de las cuotas de la Seguridad Social en el caso de que las cuotas no estuvieran bonificadas. En el caso de que tuviera que asumirlo la Universidad y aun en el caso de que las cuotas estuviesen bonificadas, el hecho de que se tuviesen que tramitar las altas y bajas en la SS supondría un importante incremento de la carga de trabajo actual”, comunican. A este respecto, desde el Servicio de Universidades de Gobierno de Navarra recuerdan que dada la oferta académica de la UPNA, la mayoría de las prácticas se realizan en instituciones gestionadas por la Administración (bien centros educativos -tanto públicos como concertados- en el caso de los grados de magisterio, bien en el CHN -estudios de Fisioterapia, Enfermería...-, bien en ONG o en Administración núcleo -grados en Derecho o Relaciones Laborales- ). Situación que provocaría que viniera de quien viniera la gestión económica, la tendrían que asumir las arcas de la Comunidad.

Por su parte, en la Universidad de Navarra, también parte de las 76 instituciones que forman la CRUE, consideran que es temprano para evaluar la medida, pero indican que “es fundamental contar con las universidades para el análisis, debate y desarrollo normativo de estos asuntos” y que van a seguir de cerca todas las gestiones con el Gobierno central.

no obviar el carácter formativo Varias asociaciones de estudiantes, entre ellas la CREUP, de la que forma parte la UPNA, han hecho llamamientos a participar en el desarrollo de la normativa que les afectará. Iñigo García Gimeno, presidente del Consejo de Estudiantes de la UPNA, señala que, aunque no se han reunido debido a los exámenes, sostienen que se tenga en cuenta a los estudiantes “a la hora de establecer la normativa, tanto en la creación como en las consultas. Que no nos presenten una cosa ya hecha que no se pueda modificar”, explica García. Asimismo, destaca una queja constante: “A veces se suplantan puestos de trabajo. Por ello hay que ver si con esta nueva ley provocan que se parezcan aún más a un empleo y obvian que son planes formativos”.

En esta misma línea, desde el Servicio de Universidades del Gobierno de Navarra observan que ahora toca trabajar por “que se respete y salvaguarde el carácter formativo de las prácticas. No legitimar que se conviertan en mano de obra barata y se desvirtúe su objetivo”. Por otro lado, desde el departamento recuerdan a su vez la buena predisposición de empresas en Navarra a acoger estudiantes, así como el riesgo de que las prácticas no sean bonificadas tanto para empresas como para entes públicos.

El Post-it

Universidades, a día de hoy. Las prácticas que cotizan a la Seguridad Social son todas aquellas que son remuneradas. Además, las prácticas se diferencian entre curriculares obligatorias (forman parte del plan de estudios) y voluntarias (optativas para el estudiante y, en caso de realizarse, se pueden convalidar por créditos del grado o máster). Asimismo, están las prácticas extracurriculares, que no conforman el plan de estudios obligatorio para obtener la titulación.