PAMPLONA - Hace apenas una semana se saldó con el trámite de una conformidad uno de los últimos crímenes ocurridos en Pamplona, el que tuvo lugar en el barrio de Santa María la Real, en el que Eneko E.O., de 47 años, acabó de una cuchillada en plena calle con la vida de Peio María López, de 38. El acuerdo previo, que exige el reconocimiento de los hechos por parte del acusado y la aceptación de su condena, pactaba en este caso una pena de 12,5 años de cárcel para el autor del ataque mortal. Dicha condena la cumplirá con la medida de seguridad de internamiento en un centro psiquiátrico, ya que en la sentencia pactada se le contempla al procesado la eximente incompleta de trastorno mental.
Con la conformidad no solo se evita la revictimización secundaria, el duelo añadido de la familia que tiene que revivir unos días terribles, sino que en este caso por las peculiaridades del procedimiento del jurado popular, que se encarga de juzgar once tipos de delitos y entre ellos los de homicidio y asesinato, el hecho de que no se celebre una vista oral también supone un ahorro financiero a la Administración, un trastorno menos para los ciudadanos citados a ejercer de jurados y una contribución a la economía procesal de la Justicia. En muchas ocasiones, y Navarra no ha sido una excepción, el jurado popular compuesto por nueve ciudadanos sin conocimiento de Derecho y que deben responder a las preguntas (objeto del veredicto) que plantea un juez profesional, ha causado recelos varios y cierta inseguridad jurídica.
En Navarra, de hecho, se han constituido jurados que han protagonizado decisiones estruendosas y chirriantes en los últimos tiempos. Hubo, sin ir más lejos, que repetir el juicio de una mujer acusada de matar a su marido con un cuchillo en Tafalla por las contradicciones del veredicto del jurado. El caso de Nagore Laffagge, en el que se condenó a José Diego Yllanes por homicidio con abuso de superioridad, se convirtió en uno de los más controvertidos ya que, a la vista de las pruebas, bien podría haberse decantado por una resolución que contemplara el asesinato. De ahí que, puestos en la tesitura de alcanzar una conformidad, en los casos con jurado popular sea una opción de las más valoradas por las partes.
Así las cosas, los tribunales navarros no celebran un juicio con jurado popular desde octubre de 2015, más de tres años desde que en aquellas fechas se juzgara un crimen en la Milagrosa donde se condenó a Diego Fernando Bonilla por homicidio con la agravante de abuso de superioridad por haber acuchillado mortalmente a su compañero de piso, Álex Sarría Carlos.
De esta forma, Navarra ha sumado en este tiempo hasta diez procedimientos, cinco de ellos crímenes (los otros han sido por allanamiento de morada (2), por cohecho -un señor que trataba de cotizar más para la pensión a cambio de sobornar a una funcionaria de la Seguridad Social y un guardia civil y un abogado que pactaban defensas de tráfico para lucrarse- y por infidelidad en la custodia de documentos -un repartidor de correos que abría correspondencia-), en los que se debía haber constituido un jurado ciudadano y no fue necesario por haberse alcanzado un acuerdo entre las partes. Antes de que se cerrara el pasado año, se produjo el sorteo de medio millar de ciudadanos que serán candidatos durante 2019 y 2020 para formar parte del jurado popular (formado por nueve ciudadanos que serán los titulares y otros dos que harán de suplentes). Puede ejercer como jurado cualquier persona de nacionalidad española, mayor de edad, que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, sepa leer y escribir, sea vecino de Navarra y no esté afectado por ninguna discapacidad, además de no estar condenado por delito doloso. Los 500 candidatos suponen una cifra mucho menor, de hecho son la mitad, que las que se sorteaban en años anteriores, precisamente por la abundancia de acuerdos que evitan este tipo de juicios.
Además del último crimen de Santa María la Real, en junio de 2018 Fernando Osés Ezpeleta, de 53 años, aceptó una condena por asesinato de 11,5 años de cárcel tras acuchillar en un bar de Burlada al novio de su exmujer, George Coconasu, de 37 años. Anteriormente, en marzo de 2018, y también por otro crimen ocurrido en Burlada, no fue necesario que un jurado juzgara a Francisco Javier Nieto, de 52 años, por matar a su pareja, Blanca Esther Marqués, a la que además arrojó al río. Se le impusieron 18 años de cárcel por asesinato. En octubre de 2016 un agente de la Ertzaintza, Kepa Eguiguren, acordó en la Sección Primera de la Audiencia navarra una condena de 13,5 años de prisión por asesinar de un disparo a un camionero de Motril (Granada), Jesús Madrigal Burgos, de 38 años, con el que había tenido una discusión de tráfico. Poco antes de este caso, hasta cinco acusados aceptaron condenas de entre dos y diez años de cárcel por haber matado o colaborado en la muerte literalmente a golpes de Jesús Pérez Íñiguez en Fustiñana, al que dejaron abandonado en el parking del hospital Reina Sofía de Tudela.
EN FEBRERO PUEDE HABER UNO De todas formas, con el bagaje de dos años auténticamente negros en cuanto a crímenes en Navarra (ha habido 8 y 9 víctimas mortales en 2017 y 2018, respectivamente), es de esperar que no vaya a tardar demasiado el próximo jurado popular en constituirse. De hecho, para el 4 de febrero, la Sección Segunda de la Audiencia tiene programada una vista con jurado por el estrangulamiento del parking de Corralillos de Pamplona. Ahí, la Fiscalía pide 8 años de cárcel para un hombre peruano de 50 años que con el cinturón de la furgoneta segó la vida de Daniel de la Fuente, de solo 22 años. Este había irrumpido en el vehículo donde aquel dormía por la noche e iniciaron una pelea. La Fiscalía ve una eximente incompleta de legítima defensa. El acuerdo está lejos de alcanzarse, por ahora. Así que se avecina un jurado si ninguna de las posturas cede en sus pretensiones.
