PAMPLONa - Una vista exprés y extraña -en la que declararon media docena de testigos durante apenas veinte minutos y en la que las partes acusatorias y defensas se tenían que ceñir íntegramente en sus informes a lo depuesto en dichas testificales- puso ayer el telón al recurso de la sentencia del caso Alsasua, en el que ocho jóvenes fueron condenados a penas de entre dos y trece años de prisión. Los testigos, inadmitidos en su día sin explicación por la sala que juzgó los hechos, contribuyeron a sembrar de dudas un relato que es cuestionado largo y tendido por las defensas en sus recursos por escrito. Ya saben que, en Justicia, ante la duda, el juez se debe pronunciar en favor del reo. Pero aquí pudiera parecer que están operando otros factores ya que dudas hay muy relevantes, pero los reos siguen en prisión.

Así, en la vistilla se alimentaron tanto las dudas en cuanto a la identificación de los jóvenes condenados (Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea y Oihan Arnanz fueron situados ayer en otro lugar en que los denunciantes los sitúan) y, asimismo, se tambalea igualmente la narración de los denunciantes. La sobredimensión de su relato tiembla a la vista de las pruebas testificales, forenses, videográficas e incluso policiales. No existió pasillo de la muerte como en alguna ocasión llegaron a señalar. Y difícilmente casa el número de agresores que en su momento indicaron, hasta 50, con las lesiones sufridas y lo depuesto por otras personas que también estaban allí presentes. Si bien, como dijo el fiscal, “todos los que declaran son amigos de los condenados”, no es menos cierto que toda la sentencia ya emitida, y ahora recurrida, se sustenta en el testimonio de las víctimas, quienes además no aportaron testigos de su parte. Solo ellas cuatro, sin aval de otra prueba, narran lo ocurrido esa noche como si fuera una brutal y salvaje agresión. El Ministerio Público trató de rebajar la relevancia de lo declarado ayer por los testigos porque, a su juicio, “no aportan nada nuevo después de que otros 26 declararan en el juicio”, y le restó valor a dicha prueba pese a que incluso testificó una antigua amiga de la novia del teniente y desmontó esa instantánea de violencia con saña que se ha intentado retratar por la parte investigadora y acusatoria. De esta amiga, para cuestionar su versión, tuvo que añadir el fiscal que desde los hechos no se hablaba con la agredida.

Pese a ello, el fiscal José Perals no se baja del carro y se empeña en reclamar un delito de terrorismo que ya se hace incluso imposible desde la práctica y la realidad jurídica. Para que el terrorismo tuviera cabida en esta causa, habría que variar de arriba a abajo todo el relato de hechos probados. Pero Perals, saliéndose incluso del expreso deseo de la Sala de que se informara en exclusiva sobre la prueba nueva, volvió a hablar de un relato muy añejo. “No es una causa general ni un montaje de la Guardia Civil contra los ocho condenados sino que se trata de un procedimiento por atentado contra agentes de este Cuerpo en el que hubo dos mujeres que también resultaron brutalmente agredidas”, resaltó el fiscal. El abogado de la asociación Covite entendió que las declaraciones de ayer “estaban desnaturalizadas porque los testigos ya conocen la causa y lo que declararon en el juicio”. Además, censuró que se siga viendo como una pelea de bar.

todas las dudas del mundo Para los abogados Manuel Ollé (defensor de Julen Goicoechea) y Eva Gimbernat (de Jon Ander Cob), los testigos propuestos permiten concluir que existen “todas las dudas del mundo” sobre la participación de sus defendidos en los hechos, ya que sólo fueron condenados por las afirmaciones de las víctimas, palabras que no han sido corroboradas por otros testigos o pruebas. “Los denunciantes ni siquiera propusieron testigos porque sabían que les iban a perjudicar”, zanjó Ollé.