Pamplona - La Asamblea General de Rectores del Grupo 9 de Universidades (G9) se muestra contraria al decreto sobre la cotización de prácticas, un decreto que ayer consideraron que “perjudica al sistema universitario”.

El Grupo 9 de Universidades, al que pertenece la UPNA y ayer asumió su presidencia para los próximos seis meses, está formado por universidades de CCAA que disponen de una única institución pública. Estas se reunieron ayer en Pamplona para analizar distintos aspectos de la actualidad.

La UPNA asume así la presidencia semestral del grupo G9, que suma un total de 170.000 estudiantes, más de 19.300 profesores y un personal de administración y servicios de 8.200 personas. Tras la reunión, el rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, acompañado por el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, dio a conocer los temas tratados en la asamblea, uno de ellos el decreto sobre la cotización de prácticas. Según Carlosena, si bien es “positivo” y un “avance” que “se reconozca la labor de prácticas de los estudiantes en la Seguridad Social”, la forma en la que se ha realizado “no es ni mucho menos la más adecuada y tenemos muchas objeciones que hacer”. El decreto, surgido del Ministerio de Trabajo, era desconocido para el Ministerio de Universidades, “lo que demuestra que se ha hecho de espaldas a las universidades y, por tanto, la letra del decreto perjudica mucho en general al sistema universitario”, señaló el rector, para quien es “un decreto de trazo grueso en el que no se distingue lo que son prácticas curriculares de las no curriculares, si son remuneradas o no o si se hacen en administraciones públicas o empresas”. En su opinión, “el planteamiento de que las prácticas curriculares deban pagarse genera un problema económico y va en contra de lo que es la filosofía de las prácticas” ya que “el alumno lo que está haciendo es formándose, no está realizando un trabajo”, remarcó.

En este mismo sentido, el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, avisó de la “enorme complicación de gestión de todas esas altas y bajas de cotizaciones para las universidades que ya tenemos un aparato de gestión reducido”. “Asumir todo ese movimiento sería casi tan complicado como el propio pago de las cuotas”, señaló el presidente saliente del G9.

demandas del g9 Por otro lado, el rector de la UPNA se refirió a la ley de contratos, “hecha para las administraciones públicas, pero que no tiene en cuenta las particularidades de la investigación”. Es una ley que “complica tremendamente la gestión de la investigación, de manera que se va mucho más despacio”, expuso, por ello, solicitó modificar esta ley para considerar las particularidades del sector y eximir de ciertas condiciones.

En el ámbito de la I+D+i, Carlosena también defendió que “no se vea afectada por la ley de subvenciones”. “La investigación no debe vivir de la subvención, sino que debe ser considerada como una inversión. El hecho de que estemos sometidos a la ley de subvenciones también hace que la gestión de la investigación sea muy complicada”, sostuvo.

Asimismo, sobre el estatuto del personal investigador en formación, afirmó que en términos generales al G9 le parece “bien”, aunque consideran “negativo” que “a los investigadores en formación se les quiera reducir la actividad docente de 240 horas a 180”, con lo que “ya no cumplirán los requisitos para acceder a futuras plazas de profesorado”.

Por su parte, la aprobación del grado en Medicina sigue en manos de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). - E.P./D.N.