pamplona - El departamento de Salud informó el lunes a los sindicatos del transporte sanitario de su decisión de proceder a la contratación externa de las UVI móviles, “posponiendo la internalización prevista de dichos servicios”. La medida, según recalcó, “es contraria a la voluntad del departamento y viene condicionada por los impedimentos legales impuestos por el Estado a la internalización de servicios públicos”. El propio consejero de Salud, Fernando Domínguez, explicará la decisión en el Parlamento porque ese mismo día pidió una comparecencia para hacerlo.

Por ello, Salud ha paralizado la licitación del transporte sanitario, que sacó a concurso el pasado mes de octubre con un precio máximo estimado de 57.437.486 euros (IVA excluido) para cuatro años, e iniciar los trámites de un nuevo concurso en cuyo condicionado se incluirán también “las tres UVI móviles actuales de Pamplona, Tudela y Estella, así como la segunda UVI móvil de Tudela, que tendrá un horario de 12 horas, una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico para reforzar los servicios de la ribera estellesa y la reconversión de una ambulancia de Tafalla en una UVI móvil polivalente para la comarca”.

Como explicó el departamento, ha decidido tomar “una decisión sin más demora, ante riesgo de desatención que se podría producir en el caso de que no se acompasasen los plazos de la internalización con la adjudicación del nuevo contrato del transporte sanitario, en fase de concurso”.

En este sentido, expuso que “en contra de lo dispuesto en la legislación foral, la Ley de Presupuestos Generales del Estado prohíbe la subrogación del personal como indefinido no fijo, llegando incluso a exigir responsabilidades personales a las autoridades que incumplan dicho mandato”. Además, y a pesar de los esfuerzos, explicó que “no ha sido posible alcanzar el consenso necesario para llevar a buen término la Proposición de Ley Foral de Internalización que pretendía facilitar la subrogación mediante la regulación de un nuevo régimen jurídico específico del personal internalizado”, ya que finalmente el Parlamento -con los votos de UPN, Podemos-Orain Bai, PSN e I-E- optó por la creación de “una ponencia parlamentaria para el estudio detallado de los procesos de internalización, dilatándose por tanto de manera imprevisible los plazos para su resolución”. Por ello y en este contexto, Salud consideró que “no dispone de una alternativa viable para hacer posible la internalización del transporte sanitario con la seguridad jurídica exigible y en los plazos requeridos”, por lo que acordó posponerla.

No obstante, el departamento de Salud consideró “inadmisible que la normativa estatal no exija trámite alguno para externalizar servicios públicos y, sin embargo, obstaculice de manera flagrante la reversión de servicios de interés general”.

Esta decisión fue criticada tanto por UPN como por el sindicato ELA. Sergio Sayas pidió la comparecencia del consejero para que explique la retirada de los pliegos y le acusó de “negligencia” en la gestión de este asunto. Por su parte, ELA defendió que “los servicios públicos deben prestarse de forma directa por las administraciones” y consideró “innecesario la aprobación de una Ley de Internalización, puesto que la Ley de Contratos Públicos garantiza la subrogación de las plantillas de los servicios revertidos”. - M.P.M.