Pamplona - El cuatripartito se mostró ayer unido en la defensa de la Fundación para la Gestión de los Servicios Sociales Públicos, creada para la desprivatización de estas prestaciones. En una comisión parlamentaria convocada por UPN para hablar de este asunto, ya solucionado, la directora general del Presupuesto del Gobierno de Navarra, Begoña Urrutia, recordó que el informe emitido por su dirección general no es negativo, simplemente incluye “una serie de cautelas para que el Gobierno sea consciente del la situación”.

La regionalista Maribel García Malo basó sus críticas en el mayor conste económico que, según el informe, supondrá al prestación de estos servicios desde el ente público, un aspecto criticado desde los partidos que sustentan el Gobierno. Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu se mostró tajante en este aspecto, asegurando que “UPN ha pedido esta comparecencia porque se opone a la creación de la fundación pública”. En la misma línea, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, aseguró que “lo que hay es una discrepancia ideológica” y un “interés político en que no se publifiquen algunos servicios sociales”. Para el portavoz de Podemos-Orain Bai, Mikel Buil, solo hay dos modelos posibles: “Uno de bajo coste y privatizado, o uno en el que hay mayor inversión social y mayor responsabilidad pública. Por su parte, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, negó que haya habido imprevisión en la creación de la fundación y afirmó que “se ha analizado la situación con mucho rigor”.

Urrutia explicó que el informe preliminar es fruto de una obligación marcada por ley al tratarse de la creación de una fundación pública. “No paraliza el expediente, se establecen una serie de cautelas para que el Gobierno sea consciente de la situación y opere en consecuencia”, insistió. Tras ello, explicó, la Dirección General de Presupuesto tuvo que emitir otro informe sobre el proyecto de ley de crédito extraordinario presentado por el departamento de Derechos Sociales con dos partidas presupuestarias para la nueva fundación. Dicho informe, indicó, da el “visto bueno” al proyecto.

Por su parte, la directora del Servicio de Intervención General, Elena Garde, explicó que emitió un informe de reparo suspensivo en relación a la propuesta de acuerdo del Gobierno por la que se aprueba la creación de la fundación. “Es un informe que nos hizo llegar a la conclusión de que el expediente estaba en uno de los supuestos de reparo suspensivo, es nuestra opinión técnica. En este caso el departamento de Derechos Sociales no la ha compartido y está en su derecho de discrepar”, matizó apuntando que, posteriormente es al Gobierno a quien le corresponde tomar la decisión, resolviendo la discrepancia a favor del criterio mantenido por el departamento de Derechos Sociales. - L.H.