pamplona - Los juzgados y tribunales navarros adaptarán sus resoluciones a la metodología de lectura fácil para que puedan ser entendidas por las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión. Así se desprende del convenio de colaboración firmado ayer en el Palacio de Justicia de Pamplona por presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve; la directora general de Justicia del Gobierno foral, Lourdes Aldave; y el presidente de la Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus familias (Anfas), Javier Goldáraz. El objeto de este protocolo es realizar acciones tendentes a que las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión puedan conocer el contenido de las resoluciones judiciales que les afecten. El TSJN se compromete en fomentar esta iniciativa entre los juzgados y tribunales navarros.

Anfas facilitará la información precisa de qué es la lectura fácil, cuál es el proceso necesario para su realización y qué tipo de medios, personas o materiales se necesitan. A su vez, el Gobierno foral se compromete a financiar los servicios prestados por Anfas para este fin. Las tres entidades firmantes promoverán la difusión de las acciones y buenas prácticas que se deriven de la puesta en marcha del convenio. El presidente del TSJN, Joaquín Galve, señaló que “el objetivo de este convenio es realizar todas las acciones tendentes a que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo o personas con dificultades de comprensión puedan conocer el contenido de las resoluciones judiciales que les afecten. Muchas personas lo van a agradecer”, apuntó. Por su parte, el presidente de Anfas, Javier Goldáraz, manifestó que con esta firma “se da un paso enorme en la visibilidad de la discapacidad. La discapacidad no es ninguna rémora sino todo lo contrario”, defendió, para exponer que “este es un ejemplo buenísimo para que nos visibilicen y nos tengan en cuenta. La lectura fácil no es quitar enjundia, sino simplemente ponerlo asequible”, comentó. La juez decana, Paz Benito, indicó que “la finalidad es que las personas a las que van dirigidas las resoluciones puedan entenderlas, puedan ser traducidas a ese lenguaje fácil para que sean entendibles”. Según este convenio, el coste de la adaptación a lectura fácil de sentencias hasta un máximo de dos páginas asciende a 150 euros y, a partir de la tercera página, 50 euros por página. La adaptación de otros documentos es de 65 euros por pagina y la validación de hasta dos folios de 20, y de 8 desde el tercero. - D.N.