Pamplona - Navarra inició en 2018 una tendencia a la baja en el número de personas con derecho a recibir la Renta Garantizada, un hecho relacionado directamente con la recuperación económica en la Comunidad Foral. Según el informe periódico y anual sobre Renta Garantizada en Navarra, que realiza el Departamento de Derechos Sociales, 2018 concluyó con 12.562 unidades familiares con derecho a esta prestación.
A pesar de que la cifra recogida a final de año supone un incremento de 22 personas (un 0,18%) con respecto a la misma fecha del año anterior, tras alcanzarse un máximo en marzo de 2018 de 12.780 unidades familiares en los últimos nueve meses del año se ha producido una disminución progresiva de quienes reciben la ayuda. Se redujeron así en un 1,7% entre marzo y diciembre, un dato que parece consolidarse en el inicio de 2019, donde las nuevas solicitudes han bajado un 4,2% en enero y febrero respecto a los mismos meses del año anterior.
Según indicó el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, “por primera vez empieza a verse una tendencia significativa a la reducción” del número de personas que en Navarra se incorpora al programa de Renta Garantizada, un dato que valoró positivamente. Según destacó, un elemento que incide directamente en las necesidades de Renta Garantizada es el nivel de cobertura y cuantías de las prestaciones por desempleo. En 2018 siguieron reduciéndose dichas prestaciones en 8,4 millones anuales en Navarra. En el periodo entre 2012 y 2015 esta reducción fue de 241,3 millones de gasto anual en Navarra, lo que supone un descenso del 55,4% en dicho periodo, superior a la reducción del desempleo que ha sido de un 33,6% en ese mismo periodo.
En 2018, señala el informe, fueron beneficiarias de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social un total de 36.303 personas, lo que supone un 2,22% más que en 2017. Uno de los aspectos en los que ha ido mejorando progresivamente el Gobierno foral es en mejorar las condiciones de estas personas aumentando paulatinamente la cantidad a percibir. En 2018, la media mensual fue de 686,14€/mes por unidad familiar, lo que supone un incremento medio del 3,3% respecto a 2017 y del 33,5% en comparación con el 2014, el año previo a la entrada del Gobierno de cambio.
Del total de perceptores de la Renta Garantizada, el 52,87% fueron mujeres y el 47,13% hombres. Estas personas se agrupan en 16.053 familias, de las cuales el 21,77% cuentan con un solo progenitor. En este sentido, Laparra destacó que la gran mayoría de estas familias las conforman una madre y sus hijos. “Una de cada tres mujeres perceptoras pertenecer a un hogar monoparental”, aseguró.
El 79% de las unidades familiares tienen entre 1 y 3 miembros, siendo relevante que el 44% de todas las unidades familiares que reciben la Renta Garantizada es de carácter unipersonal. Por grupos de edad, el rango mayoritario fue el de los menores de edad, con 13.233 personas (el 36,45%). Este porcentaje se mantiene estable a lo largo de los últimos estos años, aunque la variación interanual de 2018 presenta algo más de un punto respecto al incremento total de personas.
Las personas solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarias (el 65,4% del total de solicitantes), si bien se aprecia un ligero descenso respecto al año anterior, con casi 2 puntos menos, aunque se mantienen por encima de los porcentajes de los años anteriores a 2015. Se aprecia, asimismo, un mayor porcentaje de mujeres que solicitan la prestación en nombre de la unidad familiar (el 54,9%), el porcentaje más alto desde el año 2008.
Medidas de control La directora general de Inclusión y Protección Social, Gema Mañú, incidió en una mejora en los sistemas de control para asegurar que estas ayudas llegan a quien realmente las necesitan. “Cada vez estamos siendo más escrupulosos y tenemos más medios para poder hacer este tipo de controles”, aseguró. Prueba de ello es el aumento en el número de expedientes controlados, pasándose del 21,37% del 2015 o el 51,79% del 2017 al 72,02% del pasado año.
Fruto de este mayor seguimiento, se incrementaron en 1,28 puntos porcentuales los expedientes que presentaban algún tipo de incumplimiento de la normativa, un 4,41% del total. Entre las faltas más comunes, apuntó Mañú, están la de no estar inscrito como demandante de empleo o no comunicar variaciones en la situación familiar como, por ejemplo, el cambio de domicilio.
