MAdrid - Los jóvenes que migran a Europa son vistos primero como extranjeros y después como niños, situación que la ONG Save the Children quiere cambiar, con el objetivo de conseguir en los ámbitos estatal y autonómico políticas que consideren a los menores extranjeros no acompañados (menas) como sujetos de derechos específicos antes que como migrantes.

Las zonas fronterizas son las que asumen una mayor responsabilidad en esta materia y, según afirma el director general de Save the Children, Andrés Conde, en España “no hay una buena política de Estado” en cuanto a la corresponsabilidad de todos los territorios en la gestión de un fenómeno que es “de todos”. Conde afirma que tendría que haber un planteamiento de Estado, y que España ha sido el país europeo con mayor número de llegadas de migrantes durante 2018, a pesar de que la cifra ha sido la más baja de los últimos cinco años.

Sin embargo, España “no está en la lista de los mejores países en este sentido”, debido a que se incumplieron “deliberadamente y sin consecuencias” las cuotas de reubicación, algo que no ocurrió en otros países como Alemania o Suecia, aunque España “ha sido capaz de dar buena respuesta en acogida y protección”.

Actualmente, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tiene en su sistema de protección a alrededor de un millar de niños, llegados mayoritariamente a lo largo de 2018, y es la cuarta comunidad autónoma del Estado con un mayor número de menores extranjeros no acompañados, por detrás de Andalucía, Melilla y Catalunya. Otro de los asuntos que preocupa a Save the Children es la “instrumentalización” y el uso de información “tóxica” por parte de los partidos políticos, ya que discurre con enorme rapidez”, además de producir rechazo hacia estos menores. Ante esto, la organización considera “muy importante” contestar la información con datos “reales” de la situación.

El proceso de acogida de los jóvenes, que en su mayoría llegan desde el África subsahariana occidental, comienza a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para después realizar un proceso de identificación para determinar si es mayor o menor de edad. En el caso de que es mayor, pasa a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), mientras que, si es menor, pasa al sistema de protección de la comunidad autónoma en la que está. Una vez instalados en los centros de menores, no están en un régimen de confinamiento, sino que se pueden mover con libertad.

“Es lo que ocurre”, sostiene Conde, ya que los menores extranjeros “se van moviendo de unas comunidades a otras, reuniéndose con otros amigos, familiares o siguiendo su viaje migratorio que normalmente es hacia el norte, hacia Europa”.

preocupaciones Los procesos de identificación son “muy precarios”, y es muy frecuente considerar a los niños como adultos, lo que es una de las principales vulneraciones que les lleva a una situación de “absoluta desprotección”, ya que, una vez alcanzan la mayoría de edad, deja de existir la responsabilidad de protegerlos y “el sistema les empuja a la exclusión”.

Además, los menores son “más susceptibles” de sufrir cualquier tipo de violencia -física, sexual, etc.- o explotación, como de tipo económica, debido a que no están acompañados por ningún adulto, lo que lleva a que una de sus principales preocupaciones sea su seguridad, tanto jurídica como física. Normalmente, su principal miedo es seguir su viaje migratorio, debido a que muchos menores tienen familia, amigos o personas de su comunidad de origen en países como Alemania, Francia, Holanda o Suecia.

Otra de las razones por la cual deciden emprender su viaje es poder trabajar “cuanto antes”, para enviar recursos a sus familias, por lo que todo lo que interrumpa su acceso a una actividad retribuida es un problema para los menores. - Efe