Pamplona - Derechos Sociales se ha remitido a que concluya todo el proceso de concertación de plazas con el nuevo sistema planteado para las residencias para valorar sus resultados, pero adelanta que tanto cuantitativamente como cualitativamente supondrá una mejora para los demandantes y los trabajadores. El Gobierno sale así al paso de las críticas del PSN sobre “recortes de derechos para pera personas con dependencia” y otras informaciones. Apuntala su desmentido en dos datos: en los presupuestos para 2019 hay una inversión extra de 6 millones y la financiación de las plazas concertadas se incrementará en un 20% con lo que, según indican, esto se traducirá en un aumento “significativo” de la oferta final de plazas subvencionadas y “una mejora” del servicio (ratios más bajas) y de las condiciones laborales de los profesionales del sector, aunque titulares de centros y asociaciones de empresas dudaron en una comparecencia parlamentaria de la eficacia del nuevo sistema que pone en manos de los usuarios y la demanda definir qué plazas serán concertadas en lugar de una oferta previa de los centros. El PSN, por su parte, indicó que personas con dependencia “siguen sin poder acceder a una plaza pública residencial” y acusó al Gobierno de Navarra de “recortar derecho a estas personas negándoles la posibilidad de reclamar el derecho a una plaza al año de cobrar la prestación económica conocida como prestación vinculada al servicio (PVS)”. En su opinión, “perpetuar las prestaciones vinculadas de por vida supone que si el Gobierno de Navarra no crea las plazas públicas o concertadas necesarias, a las personas que las necesitan y que tengan una PVS por carecer de dicha plaza, les supone una media de 10.000 euros más al año, algo inasumible para muchas familias”. En este sentido, la socialista Nuria Medina aseguró que “a este recorte, se suma el hecho de que en la licitación del nuevo acuerdo marco para concertar plazas públicas el Gobierno ha perdido un centenar de plazas públicas en Pamplona y su comarca, lo que supone un gravísimo perjuicio para las personas en situación de dependencia y sus familias”.
Fuentes del departamento de Derechos Sociales desmintieron estas acusaciones. Consideran que el proceso de concurso aún no está terminado y una vez que concluya podrán ofrecer la foto real de los efectos del cambio de sistema pero adelantaron que en cualquier caso se traducirá en “más plazas concertadas y más derechos” ya que además de insuflar 6 millones extras de euros para incrementar tanto la cantidad como la calidad de las plazas que se concierten (es cierto que la oferta directa de plazas de residencias públicas es escasa), se crean nuevas opciones (programas de autonomía, estancias diurnas en residencias....). Todo ello se traducirá en nuevas plazas y servicios concertados, es decir, sujetos a ayudas públicas y reguladas en el marco de este acuerdo que busca también “mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de residencias tras 10 años sin actualizar.” Respecto a la MECA, según señalaron desde el gobierno refiriéndose a contactos previos, no optará a este sistema fundamentalmente por la reducción de espacios por obras ya que la cuantía de los conciertos, aunque fueron tachados de “insuficientes” como mínimo, son un 20% mejores que los vigentes. - D.N./E.P.
