pamplona - La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado de conformidad a dos años de prisión por un delito continuado de estafa y a una multa de 540 euros a una mujer de nacionalidad búlgara por convencer a un vecino de Ultzama de 85 años, que era dependiente severo y para el que trabajaba como empleada del hogar, de que le entregara grandes sumas de dinero. La acusada, que residía en la vivienda de la víctima, se valió de la situación de dependencia y la confianza generada en el octogenario, y de esta forma consiguió que el hombre le fuera entregando diversas cantidades de dinero desde 2013 hasta diciembre de 2018. La víctima retiró dinero tanto en cajeros como en ventanilla, e hizo transferencias a destinos desconocidos por una cantidad que ascendía a los 28.000 euros, de los cuales la acusada se apoderó en su beneficio.

Ante la sospecha de una actividad ilícita, por las continuas retiradas de dinero injustificadas, un sobrino nieto de la víctima instó el proceso de incapacitación de este ante la Fiscalía de la Comunidad Foral.

Entretanto, la encausada, valiéndose de la situación de dependencia total del anciano, una vez más de que la víctima tenía afectadas totalmente, de manera permanente e irreversible las capacidades funcionales necesarias para gobernarse a sí mismo y para vivir en autonomía, consiguió que el hombre le vendiera su vivienda situada en un pueblo de Ultzama por 20.000 euros, reservándose este el usufructo. La estafadora pidió entonces un crédito por la suma que iba a pagar por la casa, aunque la vivienda estuviera tasada pericialmente en 184.684 euros. Los 20.000 euros por los que fue vendida la casa de la víctima nunca fueron ingresados por la acusada en la cuenta del primero, por lo que se apropió de dicha vivienda sin necesidad de abonar ni un solo euro.

Ahora, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha visto probados esta serie de hechos por los cuales condena a la encausada a dos años de prisión y a una multa de 540 euros por un delito de estafa continuada. Asimismo, la mujer tendrá que indemnizar también a los herederos legales de la víctima, que falleció en noviembre de 2018, en la cantidad de 28.000 euros, habiéndose comprometido a consignar 20.000 euros en la cuenta del juzgado. El tribunal declaró además la nulidad del contrato de compraventa sobre la vivienda de la víctima, firmado en junio de 2017, inmueble que por tanto deja de ser propiedad de la acusada. La encausada no ingresará en prisión si paga la responsabilidad civil y no comete un nuevo delito en tres años. - J. Lizarraga