Pamplona - El Estado cuestiona seis artículos de la Ley foral de Lugares de la Memoria Histórica aprobada por el Parlamento en diciembre de 2018 por UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN e I-E (PPN se abstuvo) por lo que ha derivado el asunto a la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en cuyo seno un grupo de trabajo buscará una “solución” para las “discrepancias” encontradas en el articulado de este texto que da sustento a la declaración de lugares con una carga simbólica relacionados con la represión franquista. Según publica el BOE en su edición del pasado lunes, el asunto también ha sido puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional, aunque fuentes del Gobierno de Navarra señalaron que esto no quiere decir que haya un recurso, ya que es un mecanismo tipo en este tipo de casos y mostraron su confianza en que se resuelvan las divergencias en el grupo de trabajo creado al efecto. Al parecer, el conflicto tiene que ver con los efectos que el texto foral pudiera tener sobre algunos terrenos que son o han sido propiedad del Ejército en el entorno de lugares simbólicos como Ezkaba o la carretera de Igal, incluidos en unas primeras relaciones orientativas de una veintena de espacios a proteger. El Gobierno de Navarra, por su parte, continúa con su ritmo de declaración de lugares de memoria histórica (van media docena) a los que se sumarán en breve otros siete, dentro de una legislatura en con gran peso de la Memoria Histórica.
Los artículos sobre los que el Estado ha manifestado su discrepancia son los números 9, 10, 11, 12, 13 y 15. La ley tiene 25. En el primer artículo la ley foral señala que “la inscripción de terrenos o inmuebles como lugares de la memoria en el Registro de la Memoria Histórica de Navarra lleva implícita la declaración de utilidad pública o interés social a todos los efectos, incluidos los de expropiación forzosa y ejercicio de servidumbre de paso”. Al parecer esta última parte es la que ha suscitado recelos en la Administración central, aunque no hay a la vista ninguna previsión de expropiación de propiedades del Estado (en todo caso se podría referir al fuerte de San Cristóbal en el que arranca el GR-225), entre otras cosas por el alto coste económico de semejante operación, mientras que el caso de la réplica de un barracón de los “esclavos del franquismo” levantado sobre los restos de lo que fue en su día este campamento militar, la situación jurídica actual no tiene nada que ver con la de hace 80 años. El artículo 10 lo que hace es obligar a los titulares de terrenos o inmuebles declarados como lugares de la memoria a facilitar su cuidado y mantenimiento acorde a esta consideración. El siguiente artículo cuestionado, el 11, hace especial hincapié en que dichos titulares deberán facilitar la “visita pública al menos cuatro días al mes en días y horas previamente señalados”, algo que por ejemplo en el caso del fuerte se está haciendo en la práctica, aunque gestionado por Defensa. En este mismo apartado se habla de que debe permitir su “señalización” así como comunicar al Gobierno foral si alguien descubre “restos humanos” en los terrenos delimitados en el mapa de fosas. Por su parte, la Administración foral se compromete a subvencionar su conservación aunque se reserva, en el artículo 13, los permisos para obras en esos lugares. Finalmente, en el artículo 15 se abunda en el hecho de que corresponderá al departamento competente del Gobierno foral la forma de “señalizar” y difundir información sobre lugares de la memoria. Quizá el Estado no quiere ceder o compartir el control sobre el contenido de paneles, folletos o mensajes sobre cada lugar, aunque no hay ninguna explicación en el BOE. - J.I.C.
