pamplona - El programa Becas Navarra, ofertado por los gobiernos de UPN entre 2009 y 2012, tuvo como objetivo que 101 estudiantes cursasen estudios de postgrado en universidades extranjeras para favorecer la internacionalización de Navarra. Sin embargo, la falta de planificación de estas ayudas -detectada en 2013 por la Cámara de Comptos- ha hecho que uno de cada cuatro estudiantes becados haya contraído una deuda con la Hacienda Foral que oscila entre los 20.000 y los 150.000 euros.

En concreto, estas becas se concedieron a alumnos con buenos expedientes, dentro del marco del Plan Internacional de Navarra, y cubrían los gastos de matrícula del máster, una paga mensual para gastos personales y un viaje de ida y vuelta al año. Dependiendo de los años y del lugar del destino, las cantidades iban desde los 13.000 hasta los 130.000 euros.

No obstante, las Becas Navarra exigían a los estudiantes la obligación de retornar a Navarra en un plazo de cinco años para desempeñar su carrera profesional en la Comunidad Foral durante al menos cuatro años, cotizando así en la Hacienda Foral. Si no retornaban a Navarra, debían trabajar en una empresa u organismo internacional que la Comisión de Evaluación y Selección del programa considerase estratégico para Navarra. Pero en caso de que no se cumpliesen ninguno de estos dos requisitos, y tal y como se recogía en la convocatoria de estas ayudas, los becados estarían obligados a reintegrar el importe recibido con unos intereses mensuales que han variado entre el 3% y el 4%. Así, un alumno que recibió una beca de 24.000 euros, ha acumulado 6.000 de intereses.

En esta situación se encuentran 23 de los 101 estudiantes a los que se les concedió este programa de becas. Ellos mismos reconocen que sabían lo que firmaban en todo momento y que son conscientes de que tenían que, o bien retornar a Navarra, o bien reintegrar el dinero. Pero lo que sí denuncian es que en las bases de las convocatorias no se especificaba qué trabajos eran considerados como estratégicos para Navarra. Algo que también advirtió la Cámara de Comptos en 2013 cuando elaboró un informe -solicitado a instancias de Izquerda-Ezkerra- que fue demoledor para el programa de becas lanzado por el Gobierno de UPN. En el documento se desvelaba la inexistencia de criterios de valoración en uno de los requisitos de las becas. Es decir, el órgano fiscalizador señaló que no había constancia de los criterios seguidos para valorar el interés estratégico para Navarra.

Asimismo, Comptos detectó que no se había establecido un método para realizar el seguimiento de las carreras de los beneficiarios; tampoco había acuerdos con empresas para facilitar el retorno o el desarrollo de puestos de trabajo de interés estratégico para la Comunidad Foral; y, además, advirtió de que la crisis económica de aquellos años podía ser un obstáculo que dificultase el regreso de los becados, circunstancia que no se había tenido en cuenta.

falta de comunicación Otra de las denuncias de los estudiantes es que no se especificaba en las bases de las becas que los intereses se generaban en cuanto recibían el importe de la beca. “No sabíamos que se nos acumulaban los intereses de todos los años. Además, nunca nos avisaron de ello y sabían que estábamos acumulando intereses”, señalan.

Las casuísticas son diferentes en cada caso, pero muchos de los estudiantes que quisieron retornar a Navarra tras cursar el máster no pudieron hacerlo. Por un lado, la crisis económica dificultó el acceso a puestos de trabajo y, por otro, la sobrecualificación de la mayoría de estos jóvenes también supuso un impedimento a la hora de volver a trabajar a la Comunidad Foral. “En las bases de las becas que firmamos venía recogido que teníamos que trabajar en un puesto relacionado con el máster que nos habían pagado, por lo que era muy difícil encontrar un puesto acorde a postgrados muy cualificados”, apuntan.

Sin embargo, denuncian que ha habido casos de personas que no han trabajado en puestos relacionados con sus másteres y que se les ha concedido el retorno. “Nos han cambiado las reglas del juego y no sabemos cuáles son las condiciones. Ahora el Gobierno no nos dice nada, lo que pedimos es transparencia”, señalan. En este sentido, critican que la comisión tan solo se reúna una vez al año y dicen desconocer los criterios que aplican. Asimismo, denuncian que “ningún Gobierno ha hecho nada” para resolver la situación tras el informe de Comptos.