BILBAO- La Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak de Plentzia, Gorliz y Lemoiz ha exigido este sabado en las playas vizcaína de Plentzia y Gorliz el desembarco inmediato de las personas que viajan en los barcos Open Arms y Ocean Viking.
En el acto de protesta, Ongi Etorri Errefuxiatuak han denunciado que alrededor de 500 personas se encuentran cerca de la costa italiana, en dos barcos de rescate de emigrantes -Open Arms y Ocean Viking-, a la espera de los permisos necesarios para atracar en puerto seguro.
Según han indicado, la situación a la que están siendo abocadas estas personas, "viola todas las normas básicas del comportamiento humano y del respeto a los derechos humanos". "Y esto está ocurriendo a pocos kilómetros de nuestras costas ante la pasividad y la complicidad de unos gobiernos que se reclaman democráticos y que presumen formar parte de las sociedades más avanzadas y civilizadas del planeta", han añadido.
Por ello, ante la gravedad de la situación, han exigido al gobierno italiano la autorización para la entrada en puerto y el desembarco inmediato del medio millar de personas que, tras varios días a la deriva en el mar, "se encuentran en condiciones físicas y psíquicas lamentables".
Asimismo, han reclamado a los gobiernos de la Unión Europea el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por ellos mismos y la observancia de los derechos humanos básicos.
Además, han pedido a la UE y a los países que lo conforman la modificación de las políticas migratorias actualmente vigentes basadas "en la premisa de la seguridad interna europea y no en el estricto cumplimiento de la Carta de Derechos Humanos, la solidaridad y la cooperación".
"La situación que estamos viviendo estos días es la consecuencia directa de estas políticas que no pueden calificarse menos que de criminales".
Por último, han hecho un llamamiento a la ciudadanía vasca, y en particular a los vecinos de Plentzia, Gorliz y Lemoiz, a que se mantengan alerta ante estas situaciones y otras que se puedan dar en el futuro, "y ejercer la presión social necesaria ante las instituciones públicas, para que modifiquen sus políticas en defensa de los derechos humanos y de la convivencia".
