pamplona - Alineado con el sector más conservador de la Conferencia Episcopal española, el Arzobispado de Pamplona no ha atendido, recibido ni siquiera ha dado respuesta de manera alguna a las peticiones formuladas por la Asociación de Víctimas de Abusos sexuales en centros religiosos de Navarra, formada ahora mismo por nueve afectados y que tras las investigaciones realizadas por este periódico abarca ahora mismo a sacerdotes y hermanos que ejercían en al menos siete centros docentes (seis de ellos masculinos y uno de mujeres) de la Comunidad Foral, entre 1958 y 1983, en el caso más reciente de los denunciados. Varios de los miembros de la asociación -que ha celebrado recientemente una asamblea para dibujar sus líneas de actuación, entre las que figura la petición de una comisión en el Parlamento de Navarra- se sienten “ninguneados, despreciados y cabreados” por la falta de respuesta de la máxima autoridad eclesial en Navarra, que les hace sentirse “víctimas de nuevo del mismo verdugo, que es la Iglesia”. Reconocen los mismos denunciantes que tampoco se sienten sorprendidos porque “el silencio ha sido la táctica habitual de la Iglesia durante décadas en este sentido. De lo que no se habla no es noticia. Por eso no esperaba nada de ellos. Trabajan en connivencia con el Estado, se sienten protegidos por el Concordato y la impunidad jurídica y canónica caracteriza sus actuaciones”.

Las víctimas de abusos sexuales en el entorno de centros religiosos en Navarra presentaron en el Arzobispado una carta el pasado 28 de mayo tratando de obtener respuestas sobre la forma en la que podía responder la diócesis a las denuncias formuladas, varias de ellas en la Policía. A través del escrito reclamaban conocer las medidas que se hayan adoptado ya o vayan a implantarse para perseguir estos hechos y que, de esta forma, no se vuelvan a producir. En aquella cita, ni siquiera el arzobispo o el vicario judicial recibió la misiva, e incluso la secretaria del Palacio Arzobispal estuvo presente porque se encontraba en otra reunión, lo que ya abonó el terreno para pensar en el desinterés que muestran hacia este asunto.

Los dos representantes de la asociación que acudieron a la cita -José Luis, que sufrió abusos junto a su hermano en los Padres Reparadores de Puente la Reina, y Marcos, que estudió en Maristas y denunció los abusos del padre Julián en 1958- señalaron entonces que su deseo era que “la Iglesia sea consciente del daño físico y psíquico que ha originado en los niños que fueron abusados. Unos hechos que también dañan a la propia Iglesia”, explicaron.

solo un comunicado en marzo Desde que comenzaron a producirse las denuncias de abusos sexuales a menores ocurridos en centros religiosos navarros, el arzobispo de Pamplona y Tudela solo ha emitido un comunicado público. Fue el pasado 27 de marzo y lo hizo a raíz de las denuncias en el Colegio Diocesano El Puy de Estella. En él consideró que no existe manera de conocer la verdad sobre los hechos que se prolongaron durante más de una década, entre 1961 y 1973, y aseguró que no había recibido ninguna notificación anterior respecto a los abusos denunciados ahora en El Puy. La diócesis destacó entonces que el sacerdote implicado, José San Julián, fundador del colegio, falleció hace 25 años, “por lo que ha sido imposible conocer el contexto ni el alcance de los hechos denunciados, ni comprobar su veracidad”. Asimismo, recalcó que “la Iglesia diocesana mantiene el impulso decidido del Papa para la erradicación de esta lacra de la sociedad y el compromiso con la tolerancia cero para cualquier caso de abusos en la Iglesia”. El Arzobispado dijo entonces ceñirse al protocolo vigente desde 2010 de la Conferencia Episcopal que defiende la presunción de inocencia de los religiosos implicados en denuncias de abusos.