pamplona - Bel Pozueta, madre de Adur Ramírez de Alda, condenado a 12 años de prisión, y Edurne Goikoetxea, madre de Ainara Urkijo y condenada a dos años de cárcel, acudieron ayer al Parlamento europeo a Estrasburgo para mantener reuniones con varios grupos de europarlamentarios de Izquierda Unida Europea (GUE-NGL) y de Los Verdes, grupos entre los que se incluyen Podemos, Izquierda Unida, EH Bildu, ERC y Comuns. La delegación de los familiares de Alsasua se mostraron satisfechos por la amplia respuesta por parte de los eurodiputados y de los asesores, que se comprometieron a abordar el asunto y a ponerlo como prioritario en su agenda. Los portavoces y líderes de los respectivos grupos apuntaron la urgencia de abordar la causa cuanto antes (puesto que ha habido una gran renovación en cuanto a los cargos) y transmitirán el mensaje al comisario europeo de la Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales) en la que se comprometió a seguir personalmente el desarrollo del caso y que se redactó en septiembre de 2017.

En aquellas fechas, eurodiputados recordaron en una carta remitida al Ejecutivo comunitario que su vicepresidente, Frans Timmermans, aseguró que estaba “siguiendo el caso de cerca”, aunque recordó que la sentencia depende del sistema judicial español, que “debe ajustarse a la Carta Europa de Derechos Humanos”.

En aquella visita anterior a Europa, el propio Timmermans destacó la importancia de “respetar el derecho a un juicio justo” y recordó que la última Directiva europea sobre terrorismo “facilita una serie de reglas para definir a terroristas y ataques relacionadas con el terrorismo”. Sin embargo, se echaron en falta más hechos prácticos que abordaron la “injusticia”, según denunciaron en su día los familiares. Los eurodiputados recordaron que el juez no incluyó en su sentencia el delito de terrorismo, uno de los que había solicitado la Fiscalía, pero que hay tres cuestiones “llamativas” que habrían propiciado “la extremada dureza de las penas”. “La sentencia omite la imputación objetiva de conductas a cada condenado, se utiliza el concepto de ‘coautoría funcional’ para agravar al extremo las penas y, además, la Audiencia Nacional le hurtó la causa al tribunal local, que debió analizarla al no apreciarse delito de terrorismo”, denunciaron los parlamentarios. reclamaron al Ejecutivo comunitario “que valore si las penas impuestas a los procesados cumplen con el artículo 493 de la Carta de Derechos Fundamentales”, relativo a la proporcionalidad de las penas.

Por último, los eurodiputados preguntaron en su momento y así lo volverán a hacer a la Comisión Europea por los mecanismos que podría activar “para corregir esta flagrante vulneración de los tratados”, en caso de que se constate que ésta se haya producido. - E. Conde