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las muertes "no se produjeron en España"

El Gobierno recurre el procesamiento de guardias civiles del Tarajal

10.02.2020 | 05:33
Concentración en Pamplona en recuerdo de los migrantes fallecidos en El Tarajal.

MADRID. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso de apelación contra el procesamiento de los 16 agentes de la Guardia Civil por su actuación en la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014, cuando 15 migrantes murieron ahogados intentando entrar en España. Según argumenta, "los fallecimientos no se produjeron un España", por lo que la causa no está bajo la jurisdicción española.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la Abogada del Estado-Jefe, Zaida Isabel Fernández, que representa y defiende a diez de los 16 agentes. La jueza encargada de la instrucción del caso, tras dos intentos de sobreseimiento, decidió procesar a los agentes de la Benemérita al apreciar indicios de que, con su proceder, incurrieron en dos presuntos delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio, según señaló en el auto judicial.

Pero para la Abogacía del Estado, "no se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar", tal y como avanzó El Confidencial. Asimismo, en el escrito apunta que "ninguna actuación de la fuerza española se desplegó en el lado marroquí del mar" y "los nadadores que alcanzaron la costa española fueron auxiliados por los agentes y fueron rechazados en frontera sin que presentaran lesiones".

Con estos argumentos, sostiene que es "insostenible" continuar las diligencias previas porque "no existen indicios racionales de haberse perpetrado los hechos que han dado motivo a la formación de la causa".

"NI UN SOLO MOTIVO" PARA RESPONSABILIZAR A LOS AGENTES

Además, defiende que "ninguna actuación de contención desplegada por los guardias civiles se materializó en el lado marroquí del mar, de manera que no pudo ser causante de ninguna de las consecuencias (fallecimiento o lesiones) que la instructora fija como hecho punible".

"No hay ni un solo motivo (ni suficiente ni insuficiente) para considerar que los guardias civiles imputados puedan ser responsables de ninguno de los delitos", remarca la Abogacía, que pide a la Audiencia Provincial el sobreseimiento libre de los delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio, y el consiguiente archivo de las actuaciones.

En el escrito para impugnar el auto de procesamiento, defiende que la instructora "parte de una primera premisa errónea al señalar que las personas inmigrantes estaban bajo control de fuerzas del orden de españolas". "Tan sólo se encontraron bajo las fuerzas del orden españolas los 23 inmigrantes que lograron acceder al territorio español, y que posteriormente fueron rechazados", agrega.

Y alude a un informe de policía judicial para subrayar que la entrada se produjo vía marítima mientras los agentes se limitaron a "intervenir en el lado español de la playa, sin que su actuación desplegara ningún efecto en la masa y tumulto que se agrupaba en la zona marroquí del espigón, mar y playa".

Además, la Abogacía del Estado insiste en que "no resulta probado que los fallecimientos se produjeran en España, que es donde intervino la fuerza española", al tiempo que apostilla que "no puede hablarse de 15 fallecimientos", ya que "fueron 5 los que aparecieron, días después en la costa española".

LOS AGENTES "SOCORRIERON A LOS INMIGRANTES"

Sobre la denegación de auxilio que la instructora recoge como hecho punible contra los agentes, la defensa de 10 agentes sostiene que "no hay ningún elemento de prueba que sustente" esa premisa. "Todos mis representados socorrieron a los inmigrantes de acuerdo con los medios de que disponían y en la medida en que podían hacerlo sin riesgo propio ni de terceros", enfatiza.

En este contexto, menciona el informe de la policía judicial para reiterar que "no se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar, los 23 inmigrantes que accedieron a la playa ceutí del Tarajal, bien por sus propios medios, bien auxiliados por los servicios marítimos, lo hicieron en perfecto estado de salud, y por ese motivo pudieron ser rechazados en frontera de manera inmediata".

Con respecto al uso de materiales antidisturbios, incide en que los hechos acreditados en las diligencias previas "difieren" de los que la instructora recoge en el auto de procesamiento a los agentes. En este sentido, insiste en que estos medios ni alcanzaron ni sobrepasaron la zona marroquí ni se lanzaron para alcanzar a los migrantes, y además, recalca que "el tumulto y aglomeración, se produce en todo momento, en el lado marroquí".

Según la Abogacía, "la situación de aquel 6 de febrero exigió el uso de medios antidisturbios y solo el uso de tales medios permitió la canalización de los inmigrantes hacia el lugar seguro más cercano". "Todos y cada uno de mis representados no solo no actuaron de manera imprudente, sino todo lo contrario, actuaron de manera acorde con el manual", manifiesta.

"Más allá de que ninguno de mis representantes haya cometido ninguna imprudencia grave, debe tenerse en cuenta que es imposible achacar un resultado a ninguna actuación concreta de ninguno de ellos", afirma.

Asimismo, señala que la juez instructora no ha hecho "ningún esfuerzo en individualizar y concretar la actuación que debe imputarse a cada agente de la guardia civil a los efectos de relacionar presuntos hechos punibles, con imputados". "Se les imputa a los 16 investigados los hechos como un todo, ignorando la ubicación concreta que tenía cada uno, ubicación que en algún caso hacía imposible la participación en los hechos imputados erróneamente", remarca.

En definitiva, para la abogada del Estado, ni consta ni se han producido "presuntos hechos punibles o relevantes desde un punto de vista penal y la identidad de los presuntos responsables". "Estas diligencias se han convertido, en una suerte de investigación genérica de hechos, que no revisten trascendencia penal, o que al menos, son de imposible atribución a ninguna de las personas que se encuentran imputadas, y cuyo objeto parece que se ha centrado en demostrar la corrección de actuación de los agentes de la guardia civil", destaca, apuntando hacia una "vulneración del derecho de defensa".