PAMPLONA. UGT ha afirmado que la sentencia que anula algunos artículos del decreto sobre el euskera "es clara y contundente". En este sentido, ha considerado que "no procede recurrir por recurrir" y ha exigido al Gobierno de Navarra su acatamiento y ejecución "una vez sea firme".
El sindicato ha anunciado que valorará si insta la revisión de los procesos de provisión de puestos ya finalizados a los que se ha aplicado la parte del decreto declarado nulo y se ha puesto a disposición de las personas que quieran reclamar. En cuanto a los procedimientos en curso, ha pedido su continuidad sin aplicar los preceptos anulados.
En una rueda de prensa para valorar esta sentencia, de Administración Autonómica de UGT Navarra, Jesús Elizalde, ha opinado que el Ejecutivo foral "debe ser extremadamente cauto en el futuro a la hora de establecer los perfiles lingüísticos en las plantillas como al fijar los baremos de méritos a aplicar". En la comparecencia han intervenido también la responsable del Sindicato de Personal Administrativo (SPA), Begoña de Frutos; el responsable del sector sanitario, Pablo Unzueta; y el abogado Juan José Lizarbe.
Jesús Elizalde ha asegurado que el fallo del TSJN "coincide plenamente con los argumentos esgrimidos por UGT y SPA" y anula los baremos establecidos en el decreto foral para la provisión de puestos de trabajo en la Administración "por considerarlos desproporcionados y con ello discriminatorios, por no ser acordes a las características de los puestos de trabajo, a las funciones de estos, a la demanda comunicativa y a la realidad sociolingüística de la zona lingüística, conculcándose los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso de los ciudadanos a la función pública".
Elizalde ha señalado que el decreto del euskera "tenía una fuerte carga ideológica" y "no tenía en cuenta la realidad sociolingüística de Navarra" ni "la demanda comunicativa a la hora de fijar perfiles bilingües y de baremar méritos". Además, ha resaltado que sus criterios "vulneraban los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso a la Administración del 90% de la ciudadanía navarra".
Ha explicado que el sindicato propuso otros modelos lingüísticos como "realizar el ingreso en la Administración en condiciones de igualdad y posteriormente facilitar formación a quienes hubieran obtenido plaza". Otra alternativa planteada, ha recordado, era que los funcionarios formados en euskaltegis con un nivel B2 o superior "perfectamente podían cubrir las necesidades comunicativas en dicha lengua".
Jesús Elizalde ha destacado que el sindicato se ha opuesto al modelo lingüístico del anterior Gobierno de Navarra al considerarlo "claramente perjudicial para la inmensa mayoría de la ciudadanía navarras" y ha asegurado que se ha buscado "conjugar la igualdad de condiciones en el acceso de todos los ciudadanos navarros a la Administración con el derecho a la atención en euskera". "Hemos estado siempre por el fomento y la protección del euskera como lengua propia de Navarra, pero tenemos claro que no puede hacerse a cualquier precio y por encima de casi todo", ha remarcado.
Por su parte, Begoña de Frutos, responsable del SPA, ha pedido al Gobierno de Navarra que "cuantifique los daños causados por la aplicación de este decreto" y ha criticado que el anterior Ejecutivo, "no contento con no ser prudente con un decreto recurrido, puso la directa, modificó el perfil de todas las plazas que pudo y convocó todo lo convocable".
De esta manera, ha señalado, el actual Gobierno debe "dar cuenta de cuántas personas han visto modificadas sus posiciones, tanto para mejorar como para empeorar en todas esta convocatorias; cuántas plazas tiene que volver a su origen, cómo piensan revertir los efectos de la aplicación de los artículos anulados; cuánto nos ha costado la rotulación y la papelería que ahora van a pagar entre todos los navarros".
De Frutos ha señalado que "no podemos consentir que desde los sectores nacionalistas se nos acuse de ir contra el euskera" ni que la sentencia "empobrece a Navarra". "Nadie ataca al euskera, estamos hablando del acceso a la Función Pública que nada tiene que ver con la promoción del euskera", ha subrayado.
La representante de SPA ha asegurado que "lo evidente e irrefutable es que lo que pretendía hacer el Gobierno de la señora Barkos era en gran parte ilegal".
Por otro lado, el abogado Juan José Lizarbe, quien fuera secretario general del PSN, ha opinado que un recurso de casación a la sentencia "no tiene prácticamente ninguna oportunidad" y ha explicado que, en caso de admitirse, "no es la revisión del proceso porque no es un recurso de apelación". "La justicia ya ha hablado y ha decidido; a nosotros nos ha dado la razón en algunos puntos y no en otros" y el recurso de casación "para nosotros no tiene posibilidades", ha insistido.
