María Chivite, sobre las sentencias del TSJN contra el euskera: 'Quien tenga asegurada su plaza tras las oposiciones debe estar tranquilo"

La presidenta anuncia que en 2020 se elaborará el segundo plan estratégico del euskera "desde un amplio consenso"

Esparza pide al Gobierno que no recurra el fallo y el PSN, "con voz propia", según Ramón Alzórriz, asegura que no está a favor de presentar recurso

10.02.2020 | 05:41
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el Parlamento.

Anuncia que en 2020 se elaborará el segundo plan estratégico del euskera "desde un amplio consenso".

PAMPLONA. La presidenta María Chivite ha afirmado este viernes en el Parlamento que la política de su Gobierno en materia de euskera se basará "en la realidad sociolingüística" de Navarra y estará soportada en la ley del vascuence, "una política de centralidad para la mayoría social".

Chivite, que ha comparecido acompañada por el vicepresidente Javier Remírez, ha comenzado por precisar a instancias de Navarra Suma que el plazo para recurrir la sentencia sobre el decreto del euskera es de treinta días, hasta el 12 de noviembre, por lo que ha pedido tiempo.

Ha dejado claro en todo caso que el fallo solo anula que la valoración del euskera como mérito se haga de forma general y aventurado que si alguien recurriera el mérito en lenguas extranjeras la sentencia "sería la misma".

"Se están estudiando las consecuencias jurídicas de la sentencia y las que tendría si fuera firme o recurrible. Se está estudiando cada uno de los escenarios, un trabajo complejo para garantizar la plena seguridad jurídica de todos los procedimientos abiertos" y que afectan a unas 300 personas, ha dicho.

Y al respecto ha añadido que la sentencia también pone en cuestión la política de gobiernos anteriores de UPN por un decreto de 2009 que puntuaba como mérito el euskera en la zona mixta, aunque ha subrayado que en los procedimientos finalizados las plazas son firmes. Ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" respecto a los procesos que ya son firmes, porque las personas "tienen asegurada su plaza".

Chivite ha señalado, por otra parte, que en esta legislatura habrá un segundo plan del euskera y que atenderá las recomendaciones europeas sobre las lenguas minoritarias, Euskarabidea seguirá según sus competencias y en el ámbito educativo se desarrollarán los distintos programas.

Será una política lingüística "guiada por la realidad sociolingüística", dejando a la ciudadanía que "decida libremente" y buscado un acuerdo que "trascienda los intereses de partidos" pues el euskera es "un patrimonio" de todos los navarros que "hay que cuidar y potenciar" para que "pueda conocerse y usarse desde la libre decisión".

La "norma base" será la ley foral de euskera y cualquier cambio normativo, de haberlo, será "desde un amplio consenso y siempre según lo que establece la Lorafna", ha aseverado, y agregado que el acuerdo programático recoge el respeto a las resoluciones judiciales.

NAVARRA SUMA PIDE QUE NO SE RECURRA LA SENTENCIA El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que Chivite "va a tener que hilar muy fino" con la sentencia del TSJN, "porque va a tener que elegir entre posicionarse contra UGT o contra Geroa Bai y Bildu, posicionarse a favor de los derechos de los ciudadanos o a favor de la política lingüística nacionalista excluyente". Así, ha pedido al Gobierno que no recurra la sentencia y ha tendido la mano a Chivite para "pactar una política lingüística que respete la realidad sociolingüística, que sea sensata, que no sea excluyente, que no maltrate a los ciudadanos". "Sea valiente", le ha pedido.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el PSN, "con voz propia, no está a favor de recurrir la sentencia", pese a que el Gobierno está analizando todos los escenarios. Además, ha señalado que "no desvelamos nada si decimos que no estábamos de acuerdo con la política lingüística del anterior Gobierno, pero Esparza no se ha dado cuenta de que el Gobierno actual no es el anterior". "Esparza siempre habla de confrontación, de unos contra otros. La política lingüística del PSN está atada a la pluralidad de nuestra tierra. Quizá ha llegado el momento de hacer algo conjunto. Siempre se ha reclamado un pacto educativo, quizá sea el momento de plantearlo para el idioma", ha planteado.

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha valorado que el Gobierno, "más allá de las posiciones de las formaciones políticas, estudia las consecuencias jurídicas sobre la oportunidad o no de presentación de recurso y vamos a esperar a ese análisis, pero eso no es cortapisa para expresar que entendemos que nos parece importante pensar en la presentación de recurso". "Debemos pensar claramente en el recurso. Hoy mismo, con la sentencia en la mano, sería perfectamente recurrible cualquier propuesta de mérito en cualquier concurso oposición de la Administración foral", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "los ciudadanos tienen derechos lingüísticos y el sentido de la Administración es dar a los ciudadanos un servicio público en todos los ámbitos, y en esa medida la Administración tiene que garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración en su lengua propia, parece que eso se nos olvida". "La sentencia nos pone en una situación surrealista y es que el euskera no se puede valorar como mérito pero si el alemán, el inglés y el francés", ha apuntado.

Por parte de Podemos, Mikel Buil se ha alegrado del "mensaje de tranquilidad" de Chivite para las personas que tienen ya plaza firme, "es una gran noticia porque nos estaba preocupando". "Hay que debatir si se recurre o no. Pero el conflicto está en la ley del euskera, es ahí donde necesitamos amplios consensos para garantizar que la lengua crezca, pero es difícil pensar que Navarra Suma quiera que crezca", ha afirmado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha coincidido con la apuesta del PSN por la búsqueda de "un acuerdo social y político sobre el euskera, uno de los elementos importantes de nuestro programa electoral". "Hace falta ese acuerdo con participación ciudadana, sindical y de los ayuntamientos", ha indicado, para señalar que "hay que garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, partir de los principios de voluntariedad, libertad y progresividad, y adaptar la política lingüística a la realidad sociolingüística de cada territorio".