pamplona - La presidenta de Navarra, María Chivite, reconoció ayer el compromiso del Gobierno foral con la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, tras la sentencia del TSJN que anula varios artículos del decreto que regula el uso del euskera en la Administración Foral, e incidió en el compromiso del PSN por el cumplimiento del acuerdo programático vigente.

Así, Chivite reiteró ayer en el pleno parlamentario su apuesta por buscar “un amplio consenso” para aprobar una nueva norma que aporte “estabilidad” en torno al euskera, “lengua de todos los navarros, que no es ni de Navarra Suma ni de EH Bildu”. “Tenemos que trabar en una nueva norma que nos permita ordenar el escenario, buscar un amplio consenso para dotar de estabilidad a la política lingüística, hacerlo con un buen acuerdo que permita tener un horizonte de estabilidad y despejado para trabajar sin estar sometidos a constantes vaivenes”, explicó.

Respecto a la sentencia del TSJN, la presidenta subrayó que “el Gobierno no va a hacer valoraciones políticas de sentencias judiciales, estamos estudiando el pronunciamiento del TJSN, porque lo tenemos en cuenta para las decisiones que vayamos a tomar, conforme a ello y a la búsqueda de un amplio consenso político, social y sindical vamos a trabajar en materia de política lingüística”.

Asimismo, Chivite aseguró “se van a garantizar los derechos de la ciudadanía” y recordó que el vicepresidente Javier Remírez compareció el miércoles en el Parlamento para “tranquilizar a miles de navarros que tienen procedimientos cerrados -de empleo público-, para decirles que sus plazas cerradas están seguras y esta sentencia no les afecta”. Así, añadió que “hay que dar garantía jurídica” a aquellos procedimientos de empleo público que están abiertos y apuntó que no se abrirán nuevos procesos “hasta tener un escenario de total certidumbre”.

respuestas a la sentencia Por su parte, la portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, manifestó que el Ejecutivo foral, “con la mayor urgencia posible”, debe “valorar las circunstancias siempre desde criterio jurídico”. “El vicepresidente Remírez nos ha avanzado dónde están en estos momentos los estudios sobre la materia, que no están finalizados, y estamos a la espera de los informes jurídicos que expliquen la posición que deberá defender el Gobierno y no las formaciones políticas”, añadió.

En la misma línea, la consejera Ana Ollo indicó que una vez que se analicen las sentencias “será el momento de hacer una valoración profunda” y aseveró que “la inseguridad jurídica que se puede generar si se hace firme la sentencia es evidente”. Ollo añadió que “en las sentencias la Sala ratifica que el decreto está en vigor y muy vivo”. “De 41 artículos, anula 3 y parcialmente 2”, dijo, por lo que manifestó que “más del 90 % de los artículos del decreto están avalados por el TSJN”.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, instó al Gobierno a “tomar una decisión política, además de jurídica, sobre si se recurre o no la sentencia” y a dejar de “jugar a la ambigüedad, algo que responde a la incapacidad para soltar amarras de lo que está planteando la derecha”. Ruiz insistió en que “no vale con decir que se va a fomentar el euskera y apelar a una ley de consenso” y cuestionó “si realmente lo que están diciendo es que el euskera prácticamente se tiene que restringir al ámbito doméstico y escolar, porque no puede tener incidencia en el acceso a la función pública, que no se puede valorar saber más que saber menos, o que no se van a dar los pasos efectivos necesarios para que los euskaldunes podamos tener la relación con la Administración en la lengua propia que queremos”.

La parlamentaria de EH Bildu aseguró que “no recurrir sería dar por bueno que el euskera no se deba valorar con carácter general, no recurrir implica que la zonificación se reduce a dos zonas, la zona vascófona y la no vascófona”. Por el contrario, desde Navarra Suma Javier Esparza pidió a Chivite que “no recurra la sentencia, por respeto a los ciudadanos” y cuestionó la labor de la consejera Ana Ollo durante la pasada legislatura cuando, ha considerado, “impuso toda la política lingüística del Gobierno” que ha tachado de “nacionalista”. - J.L/Agencias