Ciudad del Vaticano - Para que nunca más el ampararse en el silencio pontificio sirva a esconder u obstaculizar la investigación de los casos de pederastia por parte del clero: con esta intención el papa Francisco ha promulgado dos leyes que eliminan el secreto pontificio cuando se trate de abusos sexuales.

En la primera de las dos leyes, el Papa levanta el secreto pontificio en el caso de los procesos y las decisiones relativas a los delitos “de violencia y de actos sexuales cometidos bajo amenaza o abuso de autoridad, casos de abuso de menores y de personas vulnerables, casos de pornografía infantil, casos de no denuncia y encubrimiento de los abusadores por parte de los obispos y superiores generales de los institutos religiosos”.

La segunda medida endurece las normas sobre los casos de pederastia de manera que sea delito “la adquisición, posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo”, y no solo de menores de 14 años, como hasta ahora.

Pero, además, en la nueva instrucción “sobre la confidencialidad de las causas” se establece claramente que “no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos”.

Finalmente, en otro artículo, se permite que en los casos relativos a estos delitos más graves, el papel de “abogado y procurador” pueda ser desempeñado también por fieles laicos con un doctorado en Derecho Canónico, y no solo por sacerdotes.

Esto significa, explica el director editorial de la comunicación vaticana, Andrea Tornielli, que “las denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abusos conservados en los archivos de los Dicasterios Vaticanos, así como aquellos que se encuentran en los archivos de las diócesis, y que hasta ahora estaban sujetos al secreto pontificio, podrán ser entregados a los magistrados instructores de los respectivos países que los soliciten”.

Las nuevas normativas no afectan al secreto de confesión, que se mantiene, y también se subraya que será necesario proteger siempre la privacidad tanto de las víctimas como de los testigos.

“Pero ahora la documentación deberá ponerse a disposición de las autoridades civiles para la investigación de los casos ya implicados en los procedimientos canónicos”, en lo que el Vaticano considera que constituye una “decisión histórica”.

“Recuerdo que en la discusión, en la conferencia del pasado mes de febrero, se habló repetidamente del secreto pontificio casi como de un impedimento a la debida información dada a la víctima y a las comunidades. En mi opinión, esta decisión es histórica en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio y llega en el momento justo”, señaló uno de los máximos expertos en la lucha contra la pederastia, el arzobispo maltés Charles Scicluna.

Para Scicluna, también secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y uno de los artífices de la cumbre de febrero, antes “la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio. También otras comunicaciones eran obstaculizadas, porque el secreto pontificio es un secreto del más alto nivel en el sistema de confidencialidad del Derecho Canónico”.

Algunas de las víctimas de los curas pederastas aplaudieron la decisión, como el chileno Juan Carlos Cruz, quien afirmó en Twitter que la eliminación del “secreto pontificio en casos de abuso” es una “buena noticia para los sobrevivientes”, ya que ahora “los abogados tendrán acceso a información que los obispos criminales querían esconder”.

La irlandesa Marie Collins, víctima cuando era niña de abusos por parte de un cura aseguró en Twitter que “finalmente” se ha producido “un cambió real y positivo”.

Por su parte, la Asociación Infancia Robada, la primera que agrupa a las víctimas de los curas pederastas en España, manifestó en una nota “su contenida alegría por esta nueva instrucción del papa Francisco”.

Menoscabo de la confesión. El secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Juan Ignacio Arrieta, explicó que esta decisión no supone un menoscabo al secreto de confesión. “No tiene ningún tipo de colisión con el deber absoluto de observar el sello sacramental, que es una obligación impuesta al sacerdote por la posición que ocupa en la administración del sacramento de la confesión”.