La cárcel de Pamplona lleva al menos una semana sin atención médica

Sindicatos y portavoces políticos vuelven a pedir el traspaso de las competencias de salud penitenciaria a Navarra

31.01.2020 | 06:19
Fachada del centro penitenciario de la capital navarra.

pamplona - La baja laboral de los dos médicos adscritos al centro penitenciario de Pamplona ha provocado que las cerca de 300 personas que están reclusas en la cárcel situada en la Colina de Santa Lucía hayan quedado sin la asistencia de facultativos desde hace al menos una semana. Esta problemática, que es competencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Justicia del Gobierno central, obliga a derivar a los presos al Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) ante cualquier emergencia que no puedan atender los servicios de Enfermería de la cárcel.

Acorde a la Delegación del Gobierno en Navarra, fue hace al menos una semana cuando el único facultativo en activo encargado del sistema de salud del centro penitenciario de Pamplona recibió la baja laboral, pero se desconoce desde hace cuánto tiempo funcionaba la cárcel de Pamplona con un solo médico ante la ausencia del primer doctor, también por una baja laboral. Asimismo, la Delegación del Gobierno tampoco ha informado acerca de la duración de la ausencia de estos dos profesionales, por lo que se desconoce también por cuánto tiempo se prolongará esta situación, a pesar de que las mismas fuentes aseguren que "se está trabajando para volver a funcionar con normalidad en la mayor brevedad de tiempo posible".

Ante esta delicada situación, el departamento de Salud del Gobierno foral ha mostrado su disposición de apoyo y colaboración a Instituciones Penitenciarias. Además, reiteran su compromiso con el derecho universal a la salud, "que garantice la atención sanitaria de las personas reclusas en la Comunidad Foral mientras que el servicio médico de la cárcel no logre recomponer su déficit de recursos humanos". En esta línea, adelantó que está programada una próxima reunión presencial entre representantes de Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y la dirección del centro penitenciario para avanzar en esta materia.

una plaza de médico, desierta Esta no es la primera ocasión en la que el centro penitenciario de la capital navarra sufre carencias en la asistencia médica, y es que en julio de 2018 también coincidieron las bajas laborales de los entonces tres facultativos adscritos, lo que dejó a los reclusos sin la atención necesaria durante al menos otra semana. Esta situación, en principio excepcional, se desprende, según la asociación en defensa de las personas presas y sus familiares Salhaketa, de un "problema más amplio". La plataforma se remonta a 2003 cuando se aprobó la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que pretendía transferir las competencias de salud penitenciaria a las comunidades autónomas. Una ley que se ha quedado en una mera aspiración porque en los últimos 17 años solo dos autonomías, Catalunya y la CAV, han pasado a controlar la sanidad penitenciaria en sus territorios, "mientras a Madrid no le ha importado la situación de sus cárceles", apuntaron desde Salhaketa. Ante la carencia de facultativos de 2018, el Gobierno central convocó una plaza de médico para el centro penitenciario de Pamplona, puesto que quedó desierto. Y es que a la falta de profesionales sanitarios en las cárceles se suman otros problemas como la diferencia de salario -entre 1.000 y 1.500 euros menos que lo que cobran otros médicos en el Sistema Nacional de Salud-, el envejecimiento de los profesionales y la falta de un relevo generacional dentro de la profesión. En la actualidad, -datos a cierre de 2019- trabajan 296 médicos en las cárceles del Estado español, de los cuales 97 tienen más de 60 años, 165 están entre los 50 y 60 años, 24 entre los 40 y 50 años y solo 10 tienen menos de 40 años. Todos ellos deben asistir a unos 50.000 internos de los centros penitenciarios del país. Asimismo, organizaciones sindicales de funcionarios indican que 125 médicos dejaron de trabajar en Instituciones Penitenciarias desde 2008 hasta 2017.

De la misma manera, desde Salhaketa apuntan a "la dejadez del Gobierno frente al problema de la sanidad penitenciaria" como una de las causas de la alta tasa de mortalidad en las prisiones, que ya asciende a 16 personas reclusas fallecidas en lo que va de año en las prisiones del conjunto estatal (a excepción de Catalunya). "La falta de personal médico ha hecho que otros funcionarios como los carceleros hayan adoptado funciones que no les corresponden como cribar quienes necesitan asistencia sanitaria inmediata, para la cual habría que derivarlos al hospital, y quienes pueden esperar", aseguraron las mismas fuentes.

Por su parte, el sindicato CCOO también denunció "la precariedad laboral, las escasas retribuciones y la confrontación permanente contra el personal penitenciario que han llevado a que el servicio público de prisiones sea cada vez menos competitivo y atractivo en el mercado laboral". En la misma línea, Geroa Bai también pidió recientemente la trasferencia de las competencias de salud penitenciaria a Navarra, de la misma manera que el consejero de Justicia abordó este asunto en un pleno del Parlamento y exigió que se agilizara la asunción de dicha competencia y que se desvinculara de las de tráfico para que no hubiera más retraso.