pamplona - El centro penitenciario de Pamplona vuelve a proporcionar asistencia médica a las cerca de 300 personas que se encuentran internas en la institución después de que uno de los tres facultativos de la cárcel se jubilara y coincidiera la baja laboral de los otros dos profesionales, dejando así a las personas presas sin asistencia médica durante al menos 3 semanas.Esta situación ha cambiado gracias a que uno de los facultativos ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo y el propio centro penitenciario ha contratado por horas a otro profesional para apoyar la atención.

Así lo dio a conocer ayer la consejera de Salud, Santos Induráin, en una comparecencia parlamentaria en la que, junto al consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, expuso la situación de la salud penitenciaria, en la que destaca la espera de avances en el traspaso de competencias, a la que están dispuestos tanto Navarra como el Estado, aunque se ha retrasado por la provisionalidad del Gobierno central. Ahora, Eduardo Santos aseguró que se han “retomado” las conversaciones y en Navarra hay un grupo de trabajo interdepartamental para “elaborar un documento técnico, que no parte de cero”, aseguró optimista.

En este sentido, en el departamento de Salud están “preparados y dispuestos” para asumir las competencias de salud penitenciaria en Navarra “cuanto antes mejor”, subrayó la consejera, que se comprometió a “garantizar” a los presos una atención “de la máxima calidad posible”, como la del resto de la ciudadanía. Es el caso de los 295 reclusos que se encuentran en la prisión de Pamplona, el 0,5 % de la población penitenciaria estatal, y que cuentan con 3 plazas de médicos -una está desierta- y 3 enfermeras, donde las principales patologías están relacionadas con enfermedad mental por adicciones, VIH y hepatitis C.

Siendo así, la consejera corroboró que “es una realidad que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea colabora en la atención, sobre todo a personas con problemas de salud mental, dentro de la cárcel”, donde en 2018 hubo 319 consultas a 93 pacientes. De la misma manera lo hace con las personas presas con problemas de adicción, motivo por el cual se realizaron 957 consultas en 2018. No obstante, Induráin reconoció “dificultades” por el “déficit de profesionales” a nivel estatal, también en Navarra.

En el turno de los grupos, por Navarra Suma, Jorge Esparza, consideró “francamente decepcionante” la comparecencia por la falta de avances y por entender que “hoy no se está prestando una atención sanitaria digna” a los reclusos en Pamplona. Por el contrario, la socialista Patricia Fanlo defendió “el compromiso” con los reclusos, que en el caso de que sea necesario son transferidos al Complejo Hospitalario de Navarra, al tiempo que abogó por la transferencia de la competencia. La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, también valoró que “un sistema de salud es mucho mejor si es público y universal”, para defender que asumirán “encantados” la asunción de esta competencia. Más crítica, Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, se quedó con la “sensación de que se ha intentado restar importancia a la situación”, en la que además ve un “retroceso” en cuanto a las negociaciones respecto a hace 4 meses. Además, informó de que, respecto al coronavirus, “entre los reclusos ha cundido cierta alarma porque no han tenido la información que tenemos los no privados de libertad”. En su réplica, la consejera de Salud aseguró que de darse un caso sospechoso de coronavirus en la cárcel, “la tramitación es igual para todos los centros públicos y privados en toda Navarra”.