- Comprar o alquilar una vivienda es cada vez más difícil. La escasez de pisos sociales públicos y los altos precios del mercado libre dejan fuera del acceso a una vivienda a muchas familias, especialmente, a las que están en riesgo de exclusión social, que, además del precio, también sufren otra serie de discriminaciones en el acceso a una casa: según una encuesta realizada por la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza, una de cada tres personas (32%) en exclusión ha sufrido discriminación racista a la hora de acceder a una vivienda. Es decir, un tercio de las personas encuestadas o bien ha tenido dificultades para comprar o alquilar un hogar o bien se le ha vetado por su etnia.

Relacionadas

El estudio -realizado a 133 usuarios de las distintas organizaciones que integran la red- revela que el 91,1% de las personas encuestadas ha tenido algún tipo de problema a la hora de encontrar o acceder a una vivienda. El precio de los inmuebles es, con diferencia, el mayor problema al que se enfrentan la mayoría de familias, y que afecta a más de la mitad de los encuestados (52%). Ligado a esto, la situación laboral -estar en paro, no tener un trabajo estable o no cobrar un salario digno- es el segundo inconveniente con el que se encuentran las familias en exclusión (34%), seguido de la discriminación racial (32%). En menor medida pero de manera muy significativa está la exclusión a la que se ven empujados las personas que cobran la renta garantizada: el 10% de los encuestados dice haber tenido problemas para acceder a vivienda por estar percibiendo esta ayuda. Un dato llamativo teniendo en cuenta que la renta garantizada es una ayuda estable que los perceptores la cobran anualmente y va desde los 623 euros (un miembro) a los 1.247 (unidades familiares con más de 6 miembros) al mes. Por último, el 8% dice haber sufrido trabas por tener hijos e hijas y el mismo porcentaje por encontrarse en una situación administrativa irregular.

Relacionado con las dificultades a la hora de acceder a una vivienda están los requisitos que los propietarios ponen a las familias y que en la mayoría de casos son inalcanzables, más aún tratándose de personas en situación de exclusión social. Al 67,21% se les requirió la nómina, al 36% una fianza; a un 30,33% les pidieron tener un contrato indefinido; y al 26,2% un aval bancario. No obstante, una vez obtenida la vivienda los problemas no acaban: el 30% de las unidades familiares aseguran haber tenido problemas para empadronarse, lo que supone una serie de dificultades añadidas como no poder acceder a servicios públicos, ayudas, etc.

La situación socioeconómica de estas familias hace que difícilmente puedan acceder a la compra de un piso, viéndose obligados a vivir del alquiler, cuyo mercado está al alza desde hace unos años llegando a precios abusivos. Seis de cada diez encuestados (60,7%) viven en viviendas de alquiler y, de estos, la mitad (50,6%) alquilan una habitación en la que conviven con otras personas, sean de su familia o no. Además, un 13% del total de personas habita en viviendas destinadas a programas de inclusión y tutela de la Administración y en programas de entidades sociales.

La encuesta también revela la escasa capacidad de estas familias para ser propietarios de un piso: solo un 3% de los entrevistados afirma tener vivienda en propiedad y un porcentaje considerable (17,6%) se encuentra en situaciones excepcionales, que en algunos casos llegan a ser extremas como personas sin techo porque no han podido acceder a una vivienda y que viven en la calle, en su coche u ocupan algún inmueble.

En cuanto a los ingresos, la renta media de estas unidades familiares es de 943,7 euros mensuales, incluyendo personas que no perciben ningún ingreso y teniendo en cuenta que muchas de estas familias están cobrando la renta garantizada. Asimismo, la media de personas por unidad familiar con las que trabaja la Red es de 5,6, por lo que los ingresos medios por persona son de 168,5 euros. Con estas rentas descartan o un alquiler y llegar a fin de mes es prácticamente imposible, más teniendo en cuenta que el precio medio de las habitaciones de alquiler libre son de 361,8 euros y el de la vivienda completa de 557,2 -precio medio que estas familias afirman estar pagando-. Es decir, el coste medio de la vivienda es de 459,5 euros.

Así, teniendo en cuenta que la media de ingresos es de 943,7 euros, las familias casi están destinando la mitad de sus ingresos al pago de su vivienda (48,7%). En este sentido, desde la red señalan que la mayoría de las personas expertas en el sector coinciden en que no se debería invertir más del 30% de los ingresos brutos anuales en una casa, ya sea en alquiler o en propiedad, para garantizar una solvencia familiar y económica. Pero en el caso de las personas encuestadas no se cumple este requisito.

Exclusión social. La exclusión social se define como la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades. Esa falta de participación se da debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social), factores que imprescindibles para una participación social plena.

La encuesta. El total de encuestas realizadas por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza ha sido de 133, pero que representan también la situación de sus familiares por los que la cifra de personas afectadas por las diferentes situaciones es de más de 360.Ley de vivienda. La Ley de derecho subjetivo a la vivienda fue aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado año y apuesta por ir caminando hacia la concepción de la vivienda como un derecho de la ciudadanía, y no como un mero negocio.

El mayor problema, el precio. El precio medio que estas familias están pagando por habitaciones de alquiler libre es de 361,8 euros y el de la vivienda completa de 557,2. Es decir, el coste medio de la vivienda por familia es de 459,5 euros. Teniendo en cuenta que su renta media es de 943,7 euros mensuales, las familias estarían destinando casi la mitad de sus ingresos a la vivienda.

943,7

Los ingresos medios de las unidades familiares son de 943,7 euros mensuales, incluyendo personas que no perciben ningún ingreso y muchas que están cobrando la renta garantizada.

17,6%

Un porcentaje considerable (17,6%) se encuentra en situaciones excepcionales, en algunos casos extremas, como personas sin techo porque no han podido acceder a una vivienda y que viven en la calle, en su coche u ocupan algún local.