i la media diaria de asistencia al Palacio de Justicia ronda el medio millar de personas, ayer precisamente -cuando ya se habían dictado recomendaciones básicas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para escalonar juicios y que no se produjeran aglomeraciones en las zonas comunes, se limitara el acceso de público a las vistas, se guardara una distancia de seguridad para dirigirse a los funcionarios judiciales y se aplazaran aquellas vistas en las que pudieran participar personas en riesgo como enfermos o personas mayores-, pues ayer precisamente era uno de esos días en los que el Palacio no daba abasto. Solo en la primera planta, en la que se celebran las vistas de los juzgados de lo Social, entre dos de ellos concentraban 24 demandas. La afluencia de personal en los pasillos de los asuntos laborales no fue inferior a la veintena de personas a lo largo de la mañana. Los sa-ludos y apretones de mano tampoco menguaron y el uso del ascensor fue tan común como casi siempre.

El edificio judicial celebró ayer en torno a un centenar de actos judiciales. Las vistas programadas en la tercera planta en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital navarra alcanzaban también la docena, la mayoría procedimientos por delitos leves. A las puertas de la sala se agolpaban denunciantes, denunciados, familiares y abogados. Al lado se realizaban ratificaciones en el Juzgado de Familia, que también suponían la intervención de unos cuantos implicados. No muy lejos de allí, el Juzgado de lo Penal 4, que dirige el magistrado Emilio Labella, celebró con normalidad media docena de pleitos. Los solventó sin mayor obstáculo debido a que no intervenían personas mayores en los mismos y el juicio con mayor concentración de testigos reunía a cinco personas. Por lo demás, Labella informó de que los auxiliares del juzgado, para evitar el contacto directo con los implicados, podían usar guantes o limitarse a que se les exhibiera la documentación. La sala de togas del Colegio de Abogados no dejó de ser el ir y venir habitual de letrados y los corrillos entre ellos no cesaron. Se siguió haciendo un uso compartido de las togas, pero varios juzgados, como Penal 4 y Penal 2, eximían a los profesionales de su uso, tal y como recomendó el CGPJ. Nadie se puso exquisito ni excedió su celo.

En algunas de las oficinas judiciales, donde disponen de jabón desinfectante para los funcionarios, se observaron situaciones curiosas. En la secretaría de Gobierno, en la sexta planta, donde acuden una veintena de ciudadanos extranjeros al día para tramitar la Apostilla de La Haya, es decir el certificado expedido por el TSJN que legaliza el documento que lleva dicha persona (una partida de nacimiento, por ejemplo) y que así puede ser presentado en otro país. Las funcionarias precintaron durante unos minutos la puerta de acceso a la Oficina e instaban a que se depositaran los documentos en un carro a la entrada. Dicha medida drástica tan solo duró unos minutos. Luego, colocaron una cinta en el mostrador a modo de distancia de seguridad de dos metros. Algo similar ocurrió en la oficina del Juzgado de lo Penal 4, donde una hilera de sillas separaba la mampara de atención al público de este. En el Juzgado de Primera Instancia 9, que ha suspendido todos los actos y comparecencias durante dos semanas, los auxiliares judiciales atendían ayer en el pasillo a los profesionales e interesados. El Juzgado de Instrucción 1 de Pamplona también suspendió los actos, declaraciones y comparecencias que tenía programados hasta el próximo 2 de abril.

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae