MADRID. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves incluir a los Colegios de Abogados en las Comisiones de Seguimiento constituidas en los tribunales superiores de justicia para la adopción de medidas en relación con la actividad judicial durante la pandemia de coronavirus COVID-19.

El órgano de gobierno de los jueces da así respuesta a la petición formulada por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, que solicitó la incorporación de los Colegios de Abogados a esas comisiones para poder establecer los mecanismos y medios para un conocimiento rápido y eficaz de todas y cada una de las actuaciones a realizar en los ámbitos correspondientes.

Ahora, el órgano de gobierno de los jueces se dirigirá al CGAE para designe un único representante por territorio, que se incorporará a la Comisión de Seguimiento correspondiente, según ha informado el Consejo en un comunicado.

Según la instrucción aprobada por la Comisión Permanente el pasado 11 de marzo, las Comisiones de Seguimiento están presididas por los presidentes de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente e integradas por los presidente de Audiencia Provincial, el secretario de Gobierno, el Secretario Coordinador Provincial, los jueces decano de los partidos judiciales afectados, el juez de guardia, el fiscal superior autonómico, el director del Instituto de Medicina Legal, el director del Gabinete de Comunicación y un representante de la Administración de Justicia y sanitaria competente, a los que ahora se sumará un representante de los Colegios de Abogados.

REACCIÓN DE LA ABOGACÍA

Desde el Consejo General de la Abogacía Española, aplauden la decisión del CGPJ y subrayan que ha sido "fruto de la presión" que ha ejercido esta institución para conseguir que los Colegios de Abogados sean una "parte esencial" de los mecanismos de coordinación y seguimiento.

Así, apuntan que esta decisión del órgano de gobierno de los jueces "permitirá mejorar la coordinación de los servicios públicos, muchos de ellos realizados por los Colegios de Abogados, para hacer frente a la crisis causada por el COVID-19".