El fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, procesado por presuntos abusos a modelos, estafa y otros delitos contra la libertad sexual, cumplirá próximamente dos años en prisión, por lo que la Audiencia de Gipuzkoa celebrará este mes una comparecencia para decidir si prorroga esta medida provisional, han informado fuentes del caso.

En esta sesión tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercen las presuntas víctimas, demandarán previsiblemente que la Audiencia amplíe en otros dos años, hasta el máximo legal establecido, la reclusión de Cabezudo, solicitud a la que supuestamente se opondrá la defensa.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa establece que la comparecencia de Cabezudo en el acto tenga lugar "por medio de videoconferencia" desde el centro penitenciario de Martutene en el que se encuentra interno, medida que, según han precisado fuentes del caso, se ha adoptado en línea con las cautelas establecidas como prevención ante a la situación de pandemia del COVID-19.

Cabezudo se encuentra en la cárcel donostiarra desde el 4 de mayo de 2018, cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital guipuzcoana aceptó la petición de la acusación particular, que ejerce el abogado Mario Díez, y de la Fiscalía de Gipuzkoa, que se adhirió a esta solicitud de ingreso en prisión.

Aquella ocasión era la décima petición de ingreso en prisión realizada contra el fotógrafo, quien en las nueve oportunidades anteriores había continuado en libertad.

Unos meses más tarde, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial confirmó la reclusión provisional del fotógrafo en un auto en el que entendía que, conforme al estado de las diligencias en aquel momento y a la propia declaración del denunciado se desprendía "no ya la sospecha" sino la "existencia de indicios de la posible concurrencia" de distintos "tipos penales".

Asimismo, defendió el mantenimiento de la prisión provisional en aras de "evitar la reiteración" y garantizar "la protección de integridad moral de las víctimas".

El denominado "caso Cabezudo" es un complejo asunto judicial con una causa principal, iniciada en 2013, en la que el fotógrafo se halla procesado por la posible comisión de 47 delitos, varios de ellos contra la libertad sexual de sus modelos, y de la que penden múltiples pequeñas causas desgajadas.

En este asunto "central" la Fiscalía de Gipuzkoa ya se ha mostrado conforme con el auto de conclusión de sumario -que ha tardado varios años debido a una dificultosa instrucción en la que incluso la jueza encargada de la investigación tuvo que ser reemplazada-, y ha solicitado la apertura de juicio oral contra Cabezudo.

Por aquel entonces, a finales del pasado febrero, el Ministerio Público avanzó también su posición favorable a que, dado que el procedimiento era "extraordinariamente extenso y complejo" (consta de 10.342 folios que completan 31 tomos), se prorrogue la actual situación de prisión provisional de Cabezudo, teniendo en cuenta además "que siguen en vigor las mismas circunstancias que en su momento motivaron" su ingreso en la cárcel.

Hasta el momento, el fotógrafo ya ha sido condenado en firme a dos años y tres meses de cárcel por un delito de obstrucción a la Justicia, en concurso con otro de coacciones a una testigo a la que trató de "intimidar" colgando una fotografía suya desnuda en una red social.

Los hechos se produjeron el 14 de octubre de 2016, tan sólo un día después de que la perjudicada se personara como acusación particular en la causa abierta en contra del fotógrafo.

Además, el procesado ya ha sido juzgado en una segunda ocasión y se encuentra a la espera de sentencia por un presunto uso de documento falso ante los tribunales, por el que se enfrena a una petición de cinco meses de cárcel por parte de la Fiscalía, que la acusación particular eleva hasta los cinco años y tres meses, al imputarle también dos delitos de falsificación de contrato.

Asimismo, el encausado tiene otros tres procedimientos pendientes de juicio, en el primero de los cuales la Fiscalía le pide nueve meses por de intentar borrar presuntamente imágenes de un servidor informático antes de que la Ertzaintza pudiera acceder a él con el fin de obtener pruebas para la investigación.

En la segunda de estas causas el fotógrafo se enfrenta a una nueva petición de otros nueve meses por parte del Ministerio Público que le acusa de incumplir el mandato judicial que le obligaba a borrar de internet "todo rastro de imagen" de una de sus presuntas víctimas.

En la tercera, similar a la anterior, le solicitan ocho meses de reclusión por mostrar presuntamente una fotografía "de corte erótico" en una red social, a pesar de la existencia de un mandato judicial para que retirara de internet todo el material que tuviese relacionado con sus víctimas.