- La Diputación Foral de Gipuzkoa continuará cobrando el peaje a los camioneros que circulan por la N-I y la A-15, a pesar de la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declara nula la norma foral por la cual se fijó este canon, que se hizo pública ayer.

Esta medida recibió el aval de la mayoría de las Juntas Generales de Gipuzkoa hace dos años. El cobro se viene aplicando desde entonces, el mismo que ahora la justicia ha puesto en entredicho por “vulnerar el principio de no discriminación”. El futuro del peaje pasa al ahora al alero del Tribunal Supremo (TS), ante el cual se va a presentar recurso de casación, curiosamente, sin haber resuelto todavía la primera impugnación.

La sentencia no es firme ni plantea medidas cautelares, por lo que la Diputación Foral ha optado por seguir manteniendo la política de cobro que se acordó hace dos años con el respaldo del parlamento guipuzcoano.

Se estima que diariamente circulan alrededor de 12.000 camiones por esta red viaria guipuzcoana, financiada a través de este canon a vehículos pesados.

Por segunda vez, el TSJPV sentencia que el peaje incurre en discriminación indirecta en la medida que beneficia a los transportistas locales en detrimento de los foráneos, una práctica que está prohibida por Europa. No cuestiona la legalidad de un sistema de cobro, sino los sectores de peaje.

La Sala que ha enjuiciado los hechos ha analizado los tramos sujetos al pago: pórtico de Etxegarate (7,45 km), el de Astigarraga (3,19 km) y el de Andoain, de 5,37 km.

La norma anterior de 2016 comprendía 20 kilómetros; la actual 16. “Lo cierto es que en ambas normas se crean pórticos sometidos a canon para vehículos pesados de mercancías que dan acceso a carreteras radiales que atraviesan Gipuzkoa”.

La sentencia precisa no obstante que, “aun cuando es cierto que el canon se aplica a todos los vehículos pesados, el tráfico interno de Gipuzkoa apenas se ve sometido” a esos peajes. El segundo fallo prácticamente reitera los mismos argumentos con los que tumbó en abril de 2018 la norma foral anterior.