Un grupo de delegados del sindicato LAB se ha concentrado este jueves frente al Palacio de Navarra, sede del Gobierno Foral, para exigir unas condiciones de trabajo dignas en las residencias.

En la concentración, en la que se ha portado una pancarta con el lema "No al negocio en las residencias de mayores. Condiciones dignas ya", se ha leído un comunicado en el que se afirma que "esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto la pésima realidad que viven las residencias de personas mayores de Navarra".

"Ha quedado claro que el beneficio de las empresas que gestionan casi la totalidad de estas residencias está por encima de nuestras condiciones laborales", se denuncia en el escrito, que destaca que "el beneficio de estas empresas está por encima de nuestra salud y también por encima de la salud de usuarios y usuarias".

Las trabajadoras de las residencias, se asegura en el manifiesto, "hemos estado obligadas a trabajar sin derechos y sin medidas de seguridad, hemos estado expuestas al virus al igual que nuestras personas mayores".

Tras resaltar que en las residencias de Navarra, "en tan solo tres meses 431 mayores han muerto por coronavirus y por síntomas compatibles con el virus", se precisa que en la comunidad hay 71 residencias, de las que dos son gestionadas directamente por el Gobierno de Navarra.

"Creemos que no es casualidad que en estas dos únicas residencias públicas no se haya dado ningún fallecimiento relacionado con el coronavirus", se indica en el escrito.

El actual sistema de residencias privadas de Navarra, considera LAB, "no es de calidad y no nos garantiza unas condiciones laborales mínimas dignas a las trabajadoras", por lo que el sindicato reclama "un sistema público integral de cuidados, una red de residencias públicas de personas mayores que garantice un servicio de calidad y unas condiciones de trabajo dignas".

"En ese camino, reclamamos, por un lado, un convenio provincial de residencias de Navarra para equiparar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector privatizado con las condiciones del sector público y, por otro, que el decreto regulador de la ratio profesional por persona usuaria en el sector minimice la excesiva carga de trabajo y garantice la salud a todas las trabajadoras del sector", concluye el manifiesto.