Las usuarios de los servicios sociales dispondrán de una Historia Social Única

Facilitará a la ciudadanía acceder a sus datos personales y tramitaciones

25.06.2020 | 00:32
Juan Cruz Cigudosa, Mª Carmen Maeztu y Luis Campos presentan la herramienta informática.

PAMPLONA – El departamento de Derechos Sociales ha iniciado el diseño de la Historia Social Única, una herramienta informática que aunará en un único soporte toda la información relativa a las personas usuarias de los servicios sociales, así como a su situación socio-familiar. Este nuevo sistema facilitará a la ciudadanía acceder a sus datos personales y realizar tramitaciones telemáticas, mientras que al departamento le permitirá mejorar la gestión e interoperar con otros servicios: salud, vivienda, empleo, etc.

El procedimiento fue presentado ayer por la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu y por Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, que colabora en la puesta en marcha de este nuevo sistema de gestión, que tendrá un coste de desarrollo cercano al millón de euros. En la comparecencia también estuvo presente el director general del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, Luis Campos, responsable también de la digitalización del departamento.

La Historia Social Única permitirá "aunar en formato electrónico toda la información sobre el itinerario de las personas usuarias de la atención primaria de servicios sociales y en el departamento de Derechos Sociales y consultarlos en cualquier momento". De igual forma, posibilita "consultar la situación socio-familiar de las personas, sus demandas, diagnóstico, la intervención realizada y su evolución", según destacó ayer el Gobierno de Navarra.

El sistema, asimismo, permitirá "la interoperabilidad con los datos de los servicios sociales de atención especializada y con otras prestaciones del Gobierno de Navarra relacionadas con empleo, salud, vivienda, educación o justicia, lo que unifica, simplifica y optimiza la gestión administrativa". Esta compatibilidad entre varias instancias de la Administración "facilita el trabajo en red entre diferentes sistemas y la coordinación de profesionales. Además, ayuda a una gestión integrada de prestaciones sociales, así como diagnosticar, planificar, realizar seguimientos y evaluaciones con mayor rigor, de una forma personalizada y compartida entre profesionales".

VENTAJAS PARA LA CIUDADANÍA Para la ciudadanía, la Historia Social Única presenta la ventaja de permitir la tramitación digital de procedimientos relacionados con los servicios sociales, así como de consultar la historia personal. La herramienta también "incrementará la capacidad de los actuales sistemas de información ante el aumento de la demanda de atención y, sobre todo, reducirá los tiempos y costes de tramitación, a pesar de que Navarra es una de las comunidades autónomas con plazos más cortos de resolución de algunas ayudas como la Renta Garantizada o las Pensiones No Contributivas de jubilación, de carácter estatal, y gestionadas por las comunidades autónomas".

Además de una atención integrada y coordinada a las personas, la Historia Social Única "permitirá avanzar hacia un modelo de más calidad en el que la información se podrá actualizar de forma permanente, sistematizada y en tiempo real lo que ayudará al análisis, explotación y evaluación de la información y a la planificación de las políticas sociales".

El diseño e implementación de la Historia Social Única de Navarra es un proyecto prioritario para el Departamento de Derechos Sociales, que requerirá la implicación de diferentes direcciones y equipos de Gobierno de Navarra, entidades locales y grupos de interés en un proyecto de gran calado, en constante evolución y de larga duración en el tiempo. Esta herramienta, desarrollada por la Dirección General del Observatorio de la Realidad Social de Navarra de Evaluación y de Planificación de las Políticas Sociales, junto con el Departamento de Universidad, Innovación y Trasformación Digital, ya se ha puesto en marcha en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Galicia y La Rioja. En el resto de comunidades autónomas se encuentra en desarrollo, salvo los casos de Baleares, Cantabria y Extremadura, que no lo han iniciado todavía.