- El nuevo modelo de residencias de mayores y personas con discapacidad proyectado en Navarra que, entre otras mejoras, prevé centros más reducidos, unidades de convivencia y, básicamente, una atención centrada en la persona, ha recibido el apoyo unánime de los cuatro órganos consultivos del departamento de Derechos Sociales después de haberse incluido en el nuevo decreto foral las aportaciones recibidas. En concreto han sido incluidas las 230 iniciativas presentadas por 45 personas o entidades relacionadas con la prestación de servicios sociales en los ámbitos de mayores y discapacidad pero también de enfermedad mental e inclusión social.
Ayer, la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) anunció el respaldo al nuevo modelo residencial de las entidades locales representadas en la Comisión de Régimen Local cerrando con ello un periodo de consultas que arrancó el 14 de julio para someterlo a la consideración de los cuatro órganos consultivos del departamento que representan a la mayor parte del tejido social, sindical y empresarial de Navarra, tal como precisan fuentes de Derechos Sociales.
Las mismas fuentes reiteraron que el nuevo decreto foral supondrá un cambio profundo en las formas de trabajo, los modelos de gestión y la configuración de los 525 centros actualmente existentes en Navarra y en los que se pongan en marcha en el futuro. El nuevo decreto foral que regulará el funcionamiento no solo de las residencias de mayores y de discapacidad, sino también de los centros de inclusión social, de enfermedad mental y centros de día del sistema de Servicios Sociales de Navarra, "prioriza una atención más personal y la creación de espacios más seguros de cara a poder afrontar en el futuro situaciones similares a las generadas por la covid-19", indican desde Derechos Sociales.
En total, afectará a las 13.097 personas usuarias de los 525 centros de la Comunidad Foral, de los que 9.105 permanecen en alguno de los 219 centros residenciales activos.
Entre las medidas que recoge el nuevo decreto destacan la creación de centros de dimensiones más reducidas con unidades de convivencia de un máximo de personas, el incremento de la ratio de personal cuidador por personas atendidas, la creación de la figura del personal de referencia y la participación de las personas usuarias en la toma de decisiones.
Las aportaciones presentadas durante la exposición pública se han centrado especialmente en todo lo relacionado con los derechos de las personas usuarias, la participación, las condiciones del personal, la atención específica a personas con discapacidad o enfermedad mental, las experiencias de innovación social, el apoyo desde la Administración, los ratios de personal y requisitos materiales y funcionales de los servicios, papel del voluntariado, características de las unidades de convivencia y prevención ante crisis sanitarias.
Entre las aportaciones destaca limitar el máximo de plazas en las residencias de nueva construcción de mayores (130 máximo) y discapacidad (70), aumentar las habitaciones individuales, regular los alojamientos colaborativos o cohousing, mejorar los consejos de participación y la ampliación del contenido de los planes de formación del personal. El cambio normativo busca también incorporar una nueva filosofía que prime la atención centrada en la persona, destaca Derechos Sociales.
525 centros. De los 525 centros, 90 son del área de inclusión social, 71 de discapacidad, 43 de enfermedad mental y 321, son residencias de mayores. Trabajan en ellos en torno a 5.000 personas y respecto al total de personas usuarias, 1.273 corresponden al área de inclusión social, 2.317 a discapacidad, 1.236 a enfermedad mental y 8.271 a mayores.
Modelo de países avanzados. La nueva filosofía de atención centrada en la persona ya está implementada en países avanzados en políticas sociales como los nórdicos, Reino Unido, Canadá o Australia. Para adaptarse, los centros requieren cambios arquitectónicos y de espacios interiores.
