La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha descartado que la serie sísmica registrada en septiembre en Navarra tenga que ver con las obras del recrecimiento del embalse de Yesa, aunque ha asegurado que el Gobierno "no dará ni un paso más" en el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa hasta que el dictamen encargado en julio de 2018 al Colegio de Caminos, Canales y Puertos no garantice que es "absolutamente seguro" seguir en esa dirección.

"No es posible pensar que el último movimiento sísmico registrado en septiembre tenga que ver con la fase de la obra en la que estamos; no estamos en el llenado, sino en la fase de culminar las tareas de recrecimiento de obra civil, que se están ejecutando con plenas garantías de seguridad", ha garantizado.

Ribera ha respondido así a la pregunta parlamentaria de la diputada de PNV, Idoia Sagastizabal, sobre si contempla el Ministerio detener el llenado de la "nueva presa de tierras sueltas" ya construida en el embalse de Yesa --en el municipio navarro del mismo nombre y colindante con Zaragoza-- para garantizar la seguridad de los municipios colindantes.

Sagastizabal ha vinculado además la serie de movimientos sísmicos registrada recientemente en Navarra con las obras del "fantasma del recrecimiento" de la presa, que sigue "entre las preocupaciones" de los pueblos colindantes, ya que la obra acumula "muchos problemas" geológicos, tales como grietas, deslizamientos, expropiaciones, desalojo de viviendas y ahora, "además está expuesta la zona a una gran sismicidad y que ponen de nuevo sobre la mesa las dudas sobre la seguridad el embalse".

A su juicio, se han ido poniendo parches que han cuadriplicado el coste de las obras sin que se pueda garantizar la estabilidad de la ladera ni mucho menos para atenuar la sensación de inseguridad de los vecinos algo a lo que no ayuda la existencia de "informes contradictorios" sobre el recrecimiento y el llenado de la presa, que en caso de emergencia, apenas se dispondría de 30 minutos para el desalojo de las poblaciones colindantes.