- El Consejo de Ministros dio luz verde ayer al decreto-ley que suspende durante el estado de alarma (hasta el 9 de mayo) los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables, con el rechazo de las grandes inmobiliarias, que advierten de que habrá una “oleada de reclamaciones judiciales”.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, hizo hincapié en que el decreto intenta “preservar el derecho constitucional a la vivienda y proteger a los más vulnerables, pero también los derechos de los arrendadores”.

Para ello, en caso de inquilinos con contrato, todos los propietarios, desde pequeños particulares a grandes inmobiliarias, tendrán derecho a solicitar una compensación si el informe de los servicios sociales ante el juzgado acredita la vulnerabilidad económica de los desahuciados.

También se paralizarán durante tres meses los desahucios de familias vulnerables sin contrato, aunque solo si ocupan viviendas vacías de grandes tenedores (con más de diez inmuebles), tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia machista.

En estos casos, los propietarios, en su mayoría fondos de inversión, entidades financieras y sociedades inmobiliarias podrán solicitar igualmente una compensación, si demuestran que les ha ocasionado un perjuicio económico.

En cualquier supuesto, las CCAA tendrán tres meses desde que quede acreditada la vulnerabilidad de los desahuciados, para ofrecerles una “vivienda digna” como alternativa. Si no lo hacen, se compensará a los arrendadores desde el momento en que se acordara la suspensión.

Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), que preside el exministro socialista y exalcalde de Barcelona, Joan Clos, la norma abre la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica del Estado.

También el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, afirmó que “no se puede regularizar la situación de los ocupas a costa del sector privado”, mientras que el ministro Ábalos sostuvo que el decreto “no legitima ninguna ocupación de viviendas”.

Por su parte, el sindicato de inquilinos de Madrid celebró los “avances”, pero lamentó lo “descafeinado” y “provisional” y las compensaciones para los grandes propietarios, a los que considera responsables de la falta de vivienda en alquiler asequible.

El decreto-ley prohíbe asimismo durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables, severos o en riesgo de exclusión social, todas las categorías que define la ley, y también a los usuarios sin contrato que no tienen condición de vulnerabilidad, pero pueden acreditarla por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales.

Organizaciones como Facua-Consumidores en Acción manifestaron su satisfacción por esta “decisión de gran calado que protegerá a multitud de familias que lo están pasando extraordinariamente mal”, aunque otras como la Alianza contra la Pobreza Energética han avisado de que el texto muestra algunas “lagunas por las que muchas familias se quedarán al margen de la protección”.

El decreto, que ha sido motivo durante más de un mes de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, “no es la panacea, pero dará tranquilidad a las familias”, aseguró el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en un vídeo difundido al mismo tiempo que se celebraba la rueda de prensa del Consejo de Ministros.