Arguineguín, el muelle de la vergüenza

27.12.2020 | 00:19
Cientos de subsaharianos se agolpan en el muelle de Arguineguín el 17 de noviembre mientras no paran de llegar nuevas pateras. Foto: Efe

La icónica imagen del puerto canario atestado de subsaharianos evidencia el fracaso de la política migratoria

la ruta desde África hasta Canarias comenzó a reactivarse hace un año, aunque ha sido en 2020, en plena pandemia y con un flujo sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando el polvorín de las islas ha estallado de lleno y el muelle de Arguineguín se ha convertido en la imagen del fracaso de la política migratoria del Gobierno y de la UE.

Los devastadores efectos económicos de la covid-19, el cierre de fronteras por la pandemia y una ruta marítima más barata y menos vigilada –aunque la más peligrosa para llegar a Europa– han provocado que hasta el 15 de diciembre hayan arribado a Canarias 21.452 inmigrantes en 702 pateras en busca de un futuro sin expectativas.

Otros muchos mueren ahogados sin dejar rastro. El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene registradas hasta ayer en esta ruta marítima 593 muertes, una cifra que casi triplica las contabilizadas el año pasado (210) y que supone una estimación mínima ya que el número real de vidas perdidas puede ser mucho mayor.

crecimiento exponencial El balance este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, muestra que noviembre ha sido el mes más intenso y ha marcado tres récords históricos: el mayor número de personas que han llegado en un mes (8.157), en un fin de semana (2.188 los días 7 y 8) y en una sola jornada (1.461 el día 7). Esta oleada de pateras al archipiélago se ha acelerado en los últimos meses del año, aunque en la primera quincena de diciembre se ha experimentado un descenso significativo con la llegada de 1.886 inmigrantes.

El crecimiento exponencial que registra Canarias contrasta con el descenso de las llegadas irregulares de inmigrantes al resto de España, ya sea por mar a la Península y Baleares (han bajado un 25,2% en comparación con 2019), a Ceuta (-31,1%) y a Melilla (-94,4%); o por vía terrestre a las ciudades autónomas (-71,6%).

Por ello, aunque se han superado ya las cifras globales de 2019, se está todavía lejos de las 64.000 llegadas irregulares contabilizadas en 2018, cuando la inmensa mayoría de las pateras arribaban a la costas de la península.

La reactivación de la denominada ruta atlántica sorprendió al Gobierno de Pedro Sánchez y se evidenció la descoordinación de los Ministerios encargados de gestionar la crisis a la hora de ofrecer una solución digna a las miles de personas que llegaban al archipiélago.

La principal consecuencia de este histórico número de llegadas ha sido el colapso del campamento instalado en el muelle pesquero de Arguineguín (Gran Canaria), que se levantó en agosto para albergar a 400 personas y donde se ha llegado a hacinar a 2.600 en los días más duros.

"El muelle de la vergüenza", como lo han calificado las ONG que trabajan allí, y que quedará en la memoria como el lugar en el que madres han visto cómo las separaban de sus hijos a la espera de los resultados de ADN, hasta que se puso fin a esa política; y cómo muchos migrantes carecían de una asistencia jurídica con todas las garantías, retenidos más de las 72 horas que fija la ley y durmiendo al raso sobre una manta miles.

Arguineguín pasó de ser una solución de urgencia a una rutina de la que no se ha permitido dar cuenta a los periodistas –Interior prohibió el acceso al muelle– y que en semanas se convirtió en el símbolo de una gestión fallida.

Fueron muchas y diversas las voces que pidieron su cierre, entre ellas el Defensor del Pueblo, que ha viajado esta semana a Canarias para supervisar las condiciones de acogida. Pero tuvieron que pasar 102 días para que el pasado 1 de diciembre quedara completamente desmantelado y sus ocupantes fueran reubicados en hoteles e instalaciones militares.

macrocampamentos Una solución temporal, según anunció el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, que a finales de noviembre se desplazó al archipiélago para presentar desde allí el plan diseñado por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis migratoria.

Habilitar de forma urgente campamentos con 6.000 plazas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para ir acogiendo a los inmigrantes que ahora se reparten en alrededor de una veintena de complejos hoteleros es la principal medida del proyecto.

De forma paralela, Migraciones está trabajando para dotar de otras 7.000 plazas estables en el interior de inmuebles cedidos por Defensa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Bankia.

sin un plan para los menores Al igual que ya ocurriera en la crisis de los cayucos y también en 2018, España no dispone de un plan concreto de atención y distribución solidaria entre comunidades de los menores que migran solos, cuya tutela corresponde a las autonomías. En estos momentos, Canarias acoge a 2.380 menores inmigrantes no acompañados y este año ha abierto 21 centros de acogida, según los últimos datos de la Consejería de Derechos Sociales.

Los desplazamientos de inmigrantes en situación irregular a la Península es otra alternativa para aliviar la presión migratoria en Canarias, pero esta opción no cuenta con el visto bueno del Ejecutivo, que rechaza autorizar traslados masivos.

Considera que repartir de forma solidaria a los inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas, como se hizo en la crisis de los cayucos de 2006 –cuando arribaron 31.678 personas a Canarias–, alentaría a las mafias y podría generar un efecto llamada.

Sin embargo, este es el nuevo frente que tiene abierto el Gobierno tras la polémica surgida en los últimos días por la llegada a varias ciudades de la península de numerosos inmigrantes procedentes del archipiélago que aparentemente viajan solos con el pasaporte y gracias a la ayuda de redes familiares o de amigos. Unos traslados que Interior asegura que ni gestiona ni financia. Los únicos desplazamientos que efectúa, con la colaboración de las ONG encargadas de la acogida de extranjeros, ha reiterado en los últimos días, son los de inmigrantes especialmente vulnerables o aspirantes a protección internacional: unos 2.000 desde primeros de año.

vuelos de repatriación Además, la Unión Europea, cuyo nuevo pacto migratorio apuesta por proteger las fronteras y agilizar el retorno de quienes no pueden permanecer en la UE y descarta obligar a los países a acoger solicitantes de asilo, presiona a España para que frene el tránsito por el continente de los migrantes que llegan a las Islas Canarias. Pero es difícil devolver a sus países a todos los inmigrantes que España recibe de forma irregular, y más en un año en el que debido a la pandemia se cerraron las fronteras en marzo y las deportaciones quedaron suspendidas. Se retomaron el pasado 10 de noviembre con un vuelo a Mauritania para retornar a 22 inmigrantes.

Les siguieron otros a Marruecos y Argelia y pronto comenzarán hacia Senegal.

Según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alrededor de dos tercios de los llegados a Canarias proceden de países con los que hay convenios de devolución. En torno a un 17% son solicitantes de protección internacional.

La crisis migratoria en Canarias se ha convertido en un polvorín social y político. Muestra de ello son las protestas xenófobas de unos vecinos el pasado fin de semana en Mogán (localidad donde está el muelle de Arguineguín) por la estancia de inmigrantes en hoteles y el ambiente de crispación y continuos reproches entre dirigentes políticos.

Para tratar de reaccionar, la UE ha movilizado este mes de diciembre 43,2 millones de euros adicionales para mejorar las condiciones de la acogida en Canarias y el Gobierno central ha aprobado esta misma semana una inversión de 83 millones, 30 directamente para Cruz Roja en Canarias y el resto para políticas de asilo. Este 2020 también ha sido testigo del aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a las devoluciones en caliente, un dictamen que ha asumido sin condiciones el Tribunal Constitucional. Es decir, respalda la expulsión inmediata de cualquier inmigrante que trate de entrar en España de manera irregular, al margen de que lo haga solo o acompañado, o utilice la violencia.

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