- Los equipos del Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos y el de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, ya negocian el contenido de una legislación cuyo punto fundamental es rebajar los precios del alquiler, un compromiso que alcanzaron los socialistas y la formación morada en el acuerdo de coalición.

Hasta el momento, se han celebrado reuniones de carácter técnico, aunque la colaboración entre los dos ministros, Iglesias y Ábalos, es la que impulsa la elaboración de una nueva norma que el propio titular de Transportes espera que en el mes de marzo se pueda llevar al Consejo de Ministros, de manera que la norma pueda estar aprobada antes del verano.

Previsiblemente la ley amparará la limitación de los precios de alquiler por parte de las comunidades y los ayuntamientos de un determinado tamaño, algo que ya ha empezado a hacer Cataluña con la ley de contención de rentas que aprobó en septiembre, promovida por comunes e independentistas. La norma catalana, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar competencias estatales, obtendría así su “paraguas” legal antes de que se pronuncie el TC.

Junto al recelo que existe por parte del sector inmobiliario, algunas comunidades autónomas como la de Madrid se quejan de no tener un texto articulado sobre el que opinar, a pocas semanas para que el anteproyecto se eleve al Consejo de Ministros.

A pesar de la buena sintonía aparente entre los titulares de Transporte y Derechos Sociales, las diferentes visiones que tienen el PSOE y Unidas Podemos en política de vivienda está siendo motivo de “tensiones tremendas” en el Gobierno, aseguran desde la órbita del partido morado, partidario de movilizar los inmuebles vacíos a base de cesiones obligatorias al Estado y de sanciones a los propietarios.

Los socialistas, sin embargo, prefieren incentivar con desgravaciones fiscales la puesta en arrendamiento de las viviendas vacías y apuestan por la construcción de un parque público de alquiler mediante fórmulas de colaboración público-privada para incrementar la oferta.

Presionados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos de inquilinos, los de Iglesias rechazan esa política del “ladrillo” y de “construir y construir”, ya que, a su juicio, eso está en el origen de los problemas de acceso a una vivienda asequible en España, y se oponen frontalmente a “incentivar a una clase rentista que ya de por sí tiene muchos privilegios”.

Entretanto, promotores inmobiliarios, grandes propietarios y empresas gestoras de alquiler hablan de preocupación, confusión e incertidumbre y ven muy difícil el encaje de ambas posiciones.

En cuanto al otro gran punto de fricción, el de las viviendas vacías, en el sector creen que la posición de Unidas Podemos podría vulnerar el derecho a la propiedad privada.

También lo advierte el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, José María García, para quien esta penalización provocaría “efectos perniciosos en la inversión patrimonial del mercado residencial”. Tras subrayar que la competencia residencial es exclusiva de las CCAA, asegura que, si el texto va por una línea “propositiva” y “centrada” propondrán mejoras, pero que si va hacia la intervención del mercado y la penalización del propietario se situarán enfrente.

Para el secretario de la Asociación de Promotores de España (APCE), Daniel Cuervo, dejar la intervención de precios al capricho de las comunidades supondrá un “desequilibrio importante” entre los ciudadanos en función de la zona en la que residan.

Sin embargo, consultoras como CBRE explican que “este tipo de legislación un poco más social y protectora con el inquilino no es un tema solo de España y el mundo inversor lo sabe”. “Se prefiere que la legislación sea lo más favorable para el propietario, pero por ahora no está parando el interés por seguir invirtiendo en el sector de vivienda en alquiler en España”, afirmó el presidente de CBRE España, Adolfo Ramírez-Escudero.

Zonas tensionadas. PSOE y UP se comprometieron a “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en zonas de mercado tensionado”, aquellas en las que el precio medio se sitúa fuera “de lo razonable”. Asimismo, anunciaron que cada comunidad autónoma establecería su propio índice de precios.