- Los “casos más flagrantes” de riesgo para la salud pública por la covid-19 son los que requieren el denominado aislamiento forzoso, que se realiza a través de una orden foral dictada por la consejera de Salud que deber ser ratificada judicialmente. Hasta ahora se han ordenado nueve confinamientos de este tipo, que son sometidos a vigilancia estrecha por parte de la Policía Foral.
Desde Salud indican que “no hay características ni requisitos concretos para el aislamiento forzoso. Está dirigido a los casos en los que la negativa a cumplir el aislamiento persiste después de haberse agotado todas las vías de intermediación y trabajo social”. Las órdenes forales, que no se publican abiertamente para preservar la intimidad de los afectados, establecen el tiempo en el que estará vigente la medida, que se argumenta con información elaborada por el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (INSPL).
Más allá de la parte punitiva, señalan fuentes de Salud, es muy importante la vertiente social en el seguimiento de este tipo de casos, tanto en Rastreo como desde el equipo de Atención Primaria correspondiente. “Para detectar los posibles riesgos, se cuestiona de forma sistemática a la persona (positivo o contacto estrecho) su situación: si vive sola, si tiene a su cargo a personas dependientes, si tiene a personas en su entorno que le pueden ayudar y si tiene una vivienda adecuada para poder aislarse”.
Desde Trabajo Social y Atención Primaria se está llevando a cabo “una actuación proactiva de cribado social”. En ese sentido, indican desde Salud, “se está trabajando con el equipo de sistemas de Información para preidentificar situaciones de mayor vulnerabilidad: mayores de 80 que viven solos, unidades familiares de 5 o más miembros, personas con cobertura sanitaria específica (víctimas de trata, refugiados, menores tutelados…), situación de dependencia reconocida...”.
En esa línea, se realiza una valoración y diagnóstico social completo, así como una intervención, estableciendo un Plan de Actuación con la persona atendida. Si es necesario, se coordina con el servicio social de base correspondiente al domicilio y/o entidades del tercer sector según la red comunitaria existente en la Zona Básica. Si tras la intervención social se objetiva la negativa de la persona a realizar el aislamiento, se informa al Instituto de Salud Pública. “Lo mismo ocurre desde los centros de salud. En el caso de Rastreo, y agotadas dichas vías de trabajo social, se le comunica directamente a la Policía Foral. Es importante destacar que todos los procedimientos citados, desde el principio del proceso, se realizan con un enfoque garantista de protección de datos y respetando la proporcionalidad de las medidas”, destacan desde Salud.
